La inaceptable agresión cometida ayer contra la Vicepresidenta de la República en el Teatro Nacional al terminar el informe del segundo año de gobierno del presidente Pérez Molina, no sólo debe ser repudiada porque constituye un delito que nadie puede justificar, sino que debe obligar a una seria investigación porque es evidente que hubo planificación y acceso a informaciones privilegiadas para situar a las agresoras justo en el lugar donde podían realizar el ataque con precisión.

Constituye un golpe muy duro a la ya muy escasa gobernabilidad que tenemos en el país, puesto que en el recinto escogido por el mismo Gobierno, que además opera bajo su control, ocurre un atentado que deja en ridículo a la SAAS y al mismo Gobierno porque evidencia los extremos y colmos que hay en la inseguridad nacional. No olvidemos que el general Pérez Molina tuvo a su cargo la seguridad presidencial en tiempos de Ramiro de León Carpio y por lo tanto se le debe reputar un experto en ese tema y quienes ahora lo protegen a él y a la Vicepresidenta quedan en ridículo por las fallas que permitieron no sólo ingresar al recinto, sino hacerlo con polvo que pudo haber sido cualquier otro tipo de sustancia, y situarse en lugar privilegiado para realizar la agresión.
 
 Quien haya planificado el ataque instruyó a la agresora para que dijera que lo hacía “ejerciendo su derecho a la libre expresión”, afirmación deleznable que no puede ni debe tomarse en cuenta porque las formas legítimas de ejercer la libertad de opinión no tienen que ver con actos de violencia y agresiones que están tipificados como delito en cualquier país del mundo. Sólo falta que nos aparezca un asesino diciendo que mató a su víctima ejerciendo el derecho a expresarse sin censura.
 
 El carácter polémico de la señora Roxana Baldetti en el ejercicio de la Vicepresidencia de la República no puede esgrimirse para intentar alguna explicación al hecho criminal, ni le resta importancia el que la agresora haya sido también mujer. El Código Penal regula las agresiones y las sanciona con una leve multa, pero ese mismo cuerpo legal establece una pena de hasta quince años para el atentado que se cometa contra el Presidente de alguno de los Organismos del Estado o el Vicepresidente de la República, lo que evidencia la gravedad de la falta.
 
 La única forma de asegurar el respeto y la convivencia es el ejercicio de derechos y deberes en el marco de la ley. A la vista vuelve a estar el efecto de la impunidad como generadora de tantos males.

Minutero:
Se está caldeando el ambiente 
con tanto actuar imprudente; 
antes que la mano dura, 
aquí hace falta cordura