Hoy fue agregado el delito de asesinato al auto de procesamiento de Carlos Amí­lcar Orellana Donis, apodado «El Chajazo»; en la audiencia también se declaró sin lugar la solicitud del Ministerio Público (MP), de ligarlo a proceso por el delito de robo agravado.

Al Juzgado Noveno de Primera Instancia fue conducido otro más de los implicados en el asesinato de tres diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto en febrero del año en curso.

Nery Medina, Juez Noveno de Primera Instancia, declaró con lugar la reforma al auto por considerar que «El Chajazo» pudo haber participado en el hecho, porque se le ha ubicado, tanto en la gasolinera como en la finca donde dieron muerte a los diputados.

En la reforma al auto de procesamiento fue agregado el delito de asesinato, no así­ el de robo agravado como lo solicitó el MP. Los delitos que constan ahora en el auto son asesinato, conspiración, asociaciones ilí­citas y encubrimiento.

El fiscal Edwin Marroquí­n informó que el MP guarda por medidas de seguridad los nombres de tres testigos que han declarado en contra del hoy procesado.

Fuertes señalamientos

Al ser abordado por la prensa, Orellana Donis realizó una serie de señalamientos al fiscal Edwin Marroquí­n.

Con algo de í­mpetu en la voz, el acusado salió del juzgado y señaló que «Se está actuando de mala fe, el señor Marroquí­n alias «Mano de agua» es muy sucio en el proceso y no está actuando con legalidad».

Orellana Donis añadió que tiene «pruebas para demostrar con hechos y no con la lengua como lo hace él, que piensa que se lo van a llevar a Estados Unidos por la lengua que tiene» (refiriéndose al fiscal).

¿Conoce a «Montaña 3»? «Montaña la que tiene en la cabeza el señor Marroquí­n», dijo finalmente el acusado.

El acusado admitió conocer de vista y «por ser un hombre público» al diputado Manuel Castillo, quien deberá presentar un informe razonando de las llamadas que efectuó, según detalle del Ministerio de Gobernación, la fecha del crimen con los autores materiales del hecho.

Romeo Monterrosa, abogado defensor de Orellana, refirió que espera la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones relacionada con un amparo que interpusieron por «existir ilegalidades en el proceso».

El jurista expuso que se siente satisfecho con la aprobación de la CICIG y que «la prueba de fuego de esta será el caso Parlacen para demostrar que Matus, Marroquí­n y el fiscal general están involucrados en una banda delincuencial».