La magistrada de la máxima instancia judicial, Teodolinda Cruz Sequeira, confirmó que la institución aceptó los recursos de amparo a favor del jefe de la cúpula militar, por lo cual debe ser restituido, dejando sin efecto la decisión presidencial.
Por su parte, el Congreso Nacional también rechazó mediante un decreto este jueves la decisión de Zelaya de destituir al jefe militar, señaló el presidente del poder legislativo Roberto Micheletti Bain.
Vásquez fue destituido la noche del miércoles por Zelaya tras la decisión de la cúpula militar de negarse a trasladar urnas para la realización de una consulta popular este domingo, promovida por el mandatario para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial.
El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento, se oponen a la iniciativa de Zelaya, que prevé consultar a la ciudadanía este domingo sobre si están de acuerdo en que se someta a referendo una reforma de la Constitución a fines de este año.
AGITACIí“N
Cientos de militares se desplegaron el jueves en la capital hondureña, un día después de que el presidente Manuel Zelaya destituyera al jefe del Estado Mayor, en medio de la tensión surgida por una consulta que promueve el mandatario para reformar la Constitución y permitir la reelección.
Desde el Primer Batallón de Infantería, situado a 5 km al oeste de la capital, los militares se desplegaron en los alrededores de la Casa Presidencial y en el aeropuerto Toncontín, según medios locales.
La movilización de las tropas se realizó para prevenir posibles disturbios por parte de organizaciones populares e indígenas, que apoyan a Zelaya en su propósito de llevar a cabo la encuesta, donde se interrogará a la ciudadanía sobre si aceptaría una convocatoria a reformar la Constitución.
Con excepción de las organizaciones populares de izquierda, todos los sectores se oponen públicamente a la consulta, que fue declarada ilegal por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
En vista de ello, los altos mandos militares se han negado a distribuir las urnas y el material para la realización de la encuesta.
En represalia, Zelaya destituyó la noche del miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
Asimismo, renunciaron los comandantes de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Naval y Aérea, en solidaridad con sus mandos destituidos.
Ante el despliegue militar en la capital, los rumores de un eventual golpe de Estado para destituir a Zelaya se han incrementado entre la población.
El Congreso convocó una reunión de urgencia para este jueves para evaluar la situación.
Zelaya, en un claro desafío al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, así como el Parlamento que aprobó una ley contraria a la iniciativa, tiene previsto consultar a los ciudadanos este domingo sobre si están de acuerdo en que se someta a referendo la reforma de la Constitución.
En el caso de que el mandatario reciba la luz verde, su proyecto es instalar una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre para que los ciudadanos decidan si se convoca a una asamblea constituyente para redactar la la nueva Carta Magna.
Zelaya, que ha virado al conservador Partido Liberal (PL) a la izquierda, integrándose a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), termina su periodo presidencial de cuatro años el 27 de enero próximo.
El presidente argumentó la noche del miércoles que los cambios en la Constitución serán para que «la democracia no esté en manos de unos pocos», en consonancia con su discurso en el que denuncia que el control del gobierno lo tienen los influyentes grupos de poder.
Sin embargo, muchos críticos creen que la intención del presidente es ampliar su periodo presidencial, con asesoría de miembros del ALBA, para garantizar su continuidad en el poder a fin de implantar un modelo socialista.