La propuesta se encuentra en la agenda acordada por los jefes de Bloque para la próxima semana. Aunque la iniciativa solo figura en primer debate, los congresistas consideran que es el primer paso para garantizar la transparencia.

Luego de varios años de estar en lista de espera, la ley contra el enriquecimiento ilícito empezará la próxima semana su proceso de aprobación luego que la instancia de jefes de Bloque decidió incluirla en la agenda, para ser discutida en su primer debate.

El dictamen de la iniciativa unifica los proyectos de ley presentados con anterioridad, por lo que se espera que el pleno del Congreso tenga la voluntad política para aprobarla. Según Nineth Montenegro, diputada ponente de uno de los proyectos que conforma el dictamen, es importante puesto que se crea el delito de enriquecimiento ilícito.

“La corrupción ha perjudicado al Estado ya que no se ha podido probar la riqueza mal habida de varios funcionarios”. Agrega que la iniciativa contempla registrar los fideicomisos públicos ante la Contraloría sin excepción.

Uno de los puntos medulares es la persecución tanto para funcionarios como a particulares que incurran en este delito. Amílcar Pop, integrante de la Comisión de Legislación, quien dictaminó el proyecto, señaló que la propuesta del Ejecutivo no mencionaba a los particulares lo que hizo necesario mejorar las propuestas para que se cumpliera con el espíritu de la ley.

Montenegro manifiesta que este punto era imposible dejarlo fuera pues de lo contrario se pierde el objetivo que es combatir el enriquecimiento ilícito. Mario Taracena, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, opina que “en los negocios siempre existen dos: el que recibe y el que ofrece, por lo que también debe perseguirse a los empresarios también”, resaltó el parlamentario.

La Agrupación insistirá en ese punto de manera que no quede fuera de la ley. Los congresistas esperan que el proyecto avance para que pueda contarse con una buena herramienta legal.

Roberto Villate, jefe de la agrupación Lider, confía que se mantenga esa voluntad para aprobar el proyecto, ya que era un tema que no avanzaba. La agrupación respalda los puntos que se refieren a la creación del delito, las sanciones contra funcionarios y particulares.

“Nuestra propuesta mencionaba la figura del testaferro, así que es uno de los puntos que deben incluirse”. Agregó que si bien, la persecución se establece contra funcionarios, también debe aplicarse al momento en que dejen su cargos.

¿Qué dice el proyecto?
El dictamen de la propuesta que será conocida la próxima semana contempla: la creación del delito para todos aquellos que en el ejercicio de su cargo aumenten su patrimonio, el de su familia y demás parientes.

La diputada Nineth Montenegro, señaló que la propuesta también incluye la persecución contra particulares “Cualquier persona, sector privado, organizaciones no gubernamentales serán sancionados. También penaliza el cobro ilegal de comisiones y malversación.

El diputado Amílcar Pop dijo que el incluir la discusión del proyecto por parte de varios jefes de Bloque se debe al interés y sobre todo a la presión de la sociedad civil para transparentar el gasto público.