De vuelta al período ordinario de sesiones, el Congreso de la República tiene que definir una agenda legislativa para ponerse metas y asumir compromisos con la población, especialmente en temas tan concretos como la reforma política y la transparencia en la gestión pública. Ciertamente hay muchos temas pendientes que se han ido quedando en el tintero de las interpelaciones, pero aun y con la urgencia que plantean algunas de las leyes ordinarias que se encuentran pendientes de ser conocidas, no se puede soslayar la importancia enorme que tienen estos dos aspectos fundamentales.
Guatemala tiene un serio problema de gobernabilidad porque institucionalmente ha sufrido un deterioro consistente en casi toda la estructura del Estado. Y ello es resultado de dos cuestiones íntimamente ligadas, es decir, la corrupción que campea en todas las esferas y el empoderamiento de una clase política cada vez más avorazada y comprometida con intereses que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Y la solución a esos dos problemas tiene que ir de la mano porque no se puede componer uno sin atacar el otro.
Por ello es que insistimos en que la agenda del Congreso tiene que centrarse en avanzar en la reforma política para terminar con el secuestro que de la institucionalidad democrática hacen los caciques y quienes los financian, puesto que hoy por hoy todo el aparato del Estado se coloca al servicio de bastardos intereses y sirve para la corrupción. La falta de normas legales para enfrentar ese problema complica más la situación porque no disponemos de instrumentos para deducir eficientemente responsabilidades a los sinvergüenzas.
El problema en el caso de la corrupción está en que existe una complicidad enorme entre los desprestigiados políticos y grupos particulares que aprovechan la podredumbre del sistema para realizar negocios en todas las contrataciones que se hacen. De hecho, no hay negocio grande y significativo en el que no se tenga que terminar pagando comisiones y, una vez metida la corrupción, se aprovechan los contratistas para incrementar sus ganancias inflando los precios y ofreciendo trabajos o productos de mala calidad. Es ley de la actual tendencia humana a privilegiar el lucro sobre cualquier otro valor que se haga lo que sea necesario con tal de hacer dinero, lo cual se facilita mucho cuando la corrupción está tan extendida y generalizada como ocurre en Guatemala.
Los diputados, por supuesto, no van a hacer nada por iniciativa propia y tendrá que haber una presión pública consistente para forzarlos a que la reforma política sea en serio y dirigida a terminar con los oscuros financiamientos y a que aprueben leyes de transparencia que castiguen tanto al funcionario como al particular que haga negocios sucios.
Minutero:
Sin entrarle a la reforma
del sistema electoral
no encontraremos la forma
de acabar con tanto mal