La paz es materia pendiente en el Organismo Legislativo. Al igual que otros temas, los Acuerdos de Paz se apoyan en leyes que dan sustento legal a las acciones sugeridas en los convenios alcanzados hace 11 años. Sin embargo, los proyectos aprobados por el Congreso son escasos y la lista de espera de las iniciativas a discutir es cada vez más extensa.

Más de una década ha transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz donde los organismos del Estado quedaron comprometidos a cumplir una agenda para la reconciliación con el pueblo de Guatemala, cuyo objetivo primordial es acabar con la pobreza extrema al curar las heridas de 36 años de guerra interna.

El presidente de la comisión de Paz y Desminado del Congreso, Ví­ctor Sales, opina que el mayor logro de la legislatura saliente fue la aprobación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, pues con este decreto se institucionalizan los convenios, lo que impide a los gobiernos de turno «matar» los Acuerdos.

«Ha sido muy difí­cil contribuir como Congreso. Es cierto que se aprobó la Ley Marco, pero de parte del Ejecutivo no hubo divulgación para que la sociedad se informe. Como comisión querí­amos que se aprobara la Ley del Programa Nacional del Resarcimiento, pero se quedó estancada en la sala legislativa de finanzas y ésta es una propuesta que se suma al buen cumplimiento de los Acuerdos de Paz», reconoció el diputado Ví­ctor Sales.

El parlamentario refiere que en los Acuerdos de Paz también se contempla la seguridad ciudadana. «La ley de armas y municiones continúa estancada, así­ que hay muy pocas iniciativas que pueden contribuir a un buen cumplimiento. Por lo demás, creo que si me pongo a revisar, no encuentro avances, al contrario, se que se está acelerando todo lo relativo al Tratado de Libre Comercio y consensos sobre minerí­a; es decir que todos los esfuerzos van dirigidos a la iniciativa privada y no hay un programa único que acabe con la pobreza y pobreza extrema. Más de 200 y pico de leyes que se han aprobado y yo no encuentro ni una que apoye a la clase pobre», dijo Sales.

A criterio del analista Orlando Blanco del Colectivo de Organizaciones Sociales, COS, el trabajo del Congreso en materia de Acuerdos de Paz es deficitario. Asegura que los pocos aspectos que se pueden catalogar de positivos sobre el cumplimiento de la agenda de paz de la legislatura saliente es la aprobación del Registro Nacional de Personas, RENAP, el Registro de Información Catastral, RIC y la Ley Marco de los Acuerdos, pero enumera más de diez proyectos de decreto que aún duermen en las gavetas del Congreso.

«Este Congreso se ha visto en los ojos de la opinión pública, pero por los escándalos y actos de corrupción en los que han estado envueltos y no por su trabajo. Hay una serie de iniciativas vinculadas al tema de seguridad, reforma de partidos polí­ticos y reformas fiscales de carácter progresivo que se quedaron pendientes de aprobación», refiere el analista.

Tarea pendiente

En materia de seguridad, las iniciativas de ley pendientes de aprobar que coadyuvarí­an al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, declaró Blanco, son: la ley de armas y municiones, empresas privadas de seguridad, la normativa que crea el Consejo Asesor de Seguridad, pues actualmente funciona a través de un acuerdo gubernativo. Ley de acceso a la información, la iniciativa del Programa Nacional del Resarcimiento, la creación de la Comisión Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, reformas a la Policí­a Nacional Civil, reformas al Código Procesal Penal para incorporar delitos vinculados al feminicidio y discriminación.

Juan Ramón Ruiz, delegado de la Procuradurí­a de Derechos Humanos ante el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, CNAP, coincide con Blanco sobre los aspectos pendientes que deja el Congreso a la nueva legislatura y en el tema de seguridad agrega que no se aprobó la ley de orden público, la ley marco de inteligencia y las reformas a la ley de amparo.

Además, Ruiz señala que en materia de Derechos Humanos y de reforma agraria aún hay mucho por hacer, pues no se han creado los juzgados agrarios, no se aprobó la ley que reconoce las tierras comunales ni la relativa a las expropiaciones de tierra durante el conflicto armado interno.

Consejo

Según el analista Orlando Blanco, la función del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, CNAP, es decorativa, pues no ha tenido peso en la toma de decisiones. Blanco atribuye su poca participación a la falta de apoyo del actual gobierno que ha traí­do como consecuencia la falta de reconocimiento moral y legal.

Según el artí­culo siete de la Ley Marco, el CNAP está integrado por el titular de la Secretarí­a de la Paz, un representante por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un miembro de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, por el Organismo Judicial, un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia con voz pero sin voto, una persona por Segeplan, una por el Ministerio de Finanzas, un representante por cada uno de los partidos polí­ticos o coaliciones con representación en el Congreso, con excepción de URNG, por estar representada en calidad de parte signataria. Una persona por los pueblos indí­genas, una representante de las mujeres y una por cada uno de los siguientes sectores: sindical, campesino, empresarial, organizaciones de derechos humanos y académico. El Procurador de los Derechos Humanos o su representante, en calidad de observador, con voz pero sin voto y un observador de la Comunidad Internacional (Director Residente del PNUD) con voz pero sin voto.

Por esta razón, Ruiz argumenta que la falta de apoyo para el CNAP obedece a que los representantes de los partidos polí­ticos son de «segundo nivel» pues a su criterio las personas designadas no son influyentes dentro de sus organizaciones, además, suelen contradecirse, pues en las reuniones opinan una cosa y en el pleno del Congreso otra, a excepción de URNG, Gana y PP a diferencia del FRG quienes desde la creación del Consejo el 29 de diciembre de 2005, nunca ha nombrado a un delegado.