Vecinos de los asentamientos instalados en las zonas aledañas a las vías ferroviarias del país -en su mayoría víctimas del terremoto de 1976- se concentraron hoy en la Plaza de la Constitución para solicitar una respuesta del gobierno a su demanda de implementar una política de vivienda digna.
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Domingo Hernández, coordinador de la Asociación Nacional de asentamientos de Línea Férrea, señaló que cerca de 65 mil familias permanecen en viviendas improvisadas y construidas con materiales de desecho desde 1976, cuando el histórico terremoto que azotó al país derribó sus casas y los dejó en la calle.
«Mantenemos el diálogo con las autoridades de gobierno pero necesitamos que escuchen nuestras peticiones y nos garanticen la aplicación de una política de vivienda digna», señaló.
De acuerdo con Hernández, las familias afectadas por la falta de vivienda requieren de certeza jurídica sobre los terrenos que actualmente ocupan para vivir, debido a que no tienen más opciones para construir sus hogares.
«Sólo pedimos que el Estado cumpla con la obligación de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos», puntualizó.