Defensores de derechos humanos de Perú advirtieron sobre los peligros de dos proyectos del oficialismo presentados en el Congreso para amnistiar e indultar a militares, lo que podría beneficiar a autores de matanzas cometidas en la guerra interna contra grupos armados en las dos últimas décadas.
Amnistía Internacional advirtió que si se aprueban esas iniciativas «supondría un gran revés para el Estado de derecho en Perú, ya que de hecho concedería la impunidad a personas que podrían haber sido responsables de violaciones de derechos humanos».
«Hemos sido testigos del negativo efecto que han tenido las leyes de amnistía en Perú y en otros países de la región, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la ilegalidad de este tipo de leyes», dijo Irene Khan, secretaria general de AI desde Chile, informó la sección peruana de AI.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) dijo que esas iniciativas son «inviables» y son excusas para dar impunidad a miembros de un escuadrón de la muerte de militares que actuó bajo el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), juzgado por violación de derechos humanos, dijo Ronald Gamarra, director de Conadeh.
El fiscal del juicio a Fujimori, Avelino Guillén, dijo hoy que el Estado «no puede cobijar leyes de amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos».
El legislador oficialista Edgar Núñez presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca amnistiar a unos 600 militares que tienen abiertos juicios en los tribunales peruanos acusados de violar derechos humanos en el conflicto contra los grupos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La también oficialista Mercedes Cabanillas presentó por su parte otro proyecto, que es una variante del anterior y que consiste en crear una comisión de indulto a favor de militares y policías enjuiciados.
Como reacción a esos planteamientos la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas en retiro estimó que la amnistía o el indulto buscan evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes de perpetrar violaciones a los derechos humanos.
«Esos proyectos tienen nombre propio, como los del general Nicolás Hermoza y del vicealmirante Luis Giampietri», dijo en tono crítico el comandante Jorge Rivas, presidente de esa asociación, citado por el diario La República.
Hermoza, jefe de las Fuerzas Armadas durante el régimen fujimorista, fue condenado por corrupción, mientras que Giampietri -actual primer vicepresidente de la República- está implicado en una matanza de presos senderistas en una cárcel de Lima en 1986 en el primer gobierno del presidente Alan García es un caso proscrito para la justicia local pero no en cortes internacionales.
Rivas dijo que miembros de su asociación que lucharon en la guerra interna y están sometidos a proceso exigen un proceso justo para demostrar su inocencia. «Ellos quieren que se les juzgue en procesos rápidos; ellos no quieren amnistía ni indulto, sino que se les declare que son inocentes», anotó.
Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) remarcó que la lentitud de los juicios a los militares en los tribunales, criticada por los propulsores de ambos proyectos, es consecuencia de la actitud del ministerio de Defensa que no brinda información a los jueces sobre los militares encausados.
El ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, opinó que «no se necesitaría recurrir a la amnistía ni al indulto si los procesos fuesen rápidos». El ministro mostró sus reservas sobre la amnistía y dijo que «quizás más conveniente pudiera ser el indulto, que es selectivo».