Roberto Villate Villatoro, jefe del bloque Lider, anunció que la vigencia del Decreto 4-2010 que reformó el Código Penal endureciendo los delitos electorales, ha empezado a causar confusión entre las organizaciones políticas.
mcastanon@lahora.com.gt
«Al final de cuentas va a castigar a muchas personas que por andar vistiendo alguna playera de la agrupación que sea, posiblemente por algún policía, van a ser detenidos por estar haciendo propaganda», destacó.
El político aseguró que desde el punto de vista constitucional, llegar a alguna acción legal futura, dependerá de alguna reunión que pudiera ocurrir en el transcurso de este viernes, «tomaríamos el tema y decidiríamos», dijo.
El jefe del bloque Libertad Democrática Renovada asegura que su institución política no mantiene ninguna propaganda en las carreteras del país ni lo correspondiente a la costa sur.
«Pero las que sí he visto en Mazatenango y Suchitepéquez son las de Encuentro por Guatemala, y la señora Nineth (Montenegro) dice que se las pusieron. Aquí hasta ese riesgo hay, que cualquier persona interesada o maquiavélica nos venga a poner una valla y nos quiera presionar».
El pasado lunes, cuando denunció públicamente un posible atentado contra su vida, la parlamentaria Nineth Montenegro comentó que dentro del acoso que ha sufrido desde 2009 se cuenta que personas se han dado a la tarea de pintar y fijar propaganda de Encuentro por Guatemala como parte de una campaña de desprestigio político
REFORMA
La adición del artículo 407 «í‘» al Código Penal, Decreto 17-73, sanciona la promoción, propaganda, campaña o publicidad anticipada, dice en la letra «a» sobre la difusión que pudiera darse en cualquiera de los medios masivos de comunicación social.
También en la letra «b», pancartas, vallas publicitarias, pasquines, calcomanías, rótulos en la vía pública o cualquier medio similar […] pretendan impulsar, promover, difundir, publicitar o dar a conocer a una o varias personas para ocupar un cargo público de elección popular, con anticipación a la convocatoria oficial que realiza el Tribunal Supremo Electoral.
Esa nueva reforma castiga con prisión de cuatro a siete años y multa de veinte a veinticinco mil quetzales y que alcanzaría desde una organización política pasando por comités cívicos hasta sociedades civil o mercantil que permita sean utilizados los símbolos de su organización o denominación.