Los derechos de los ciudadanos guatemaltecos están contemplados dentro de la Constitución Política de la República, sin embargo, para algunas personas pareciera que estos han sido vedados, principalmente para quienes forman parte de la tercera edad.
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Diariamente, las oficinas de Gobernación Departamental reciben a 1500 personas que llegan a realizar algún trámite, de ellas, buena parte son nacionales de la tercera edad que se acercan para denunciar abusos, principalmente realizados por conductores de buses urbanos.
Hasta la fecha, un poco más de cien demandas se han presentado ante los personeros de esta entidad. Las denuncias se basan principalmente en la poca cortesía de los conductores, especialmente cuando el que aborda el bus enseña el carné que le exonera del pago de su pasaje, además de no tener paciencia hacia quienes, por su edad, no pueden abordar de una manera rápida la unidad.
Uno de los usuarios del transporte es Gilberto Pérez, quien asegura que estas actitudes son constantes en los conductores y más aún cuando estos llevan ayudantes que los motivan a cometer estos actos de discriminación.
También Rosa María Solís, otra de las víctimas de discriminación, ha presentado sus denuncias indicando que en varias ocasiones ha corrido altos riesgos debido a la grosería de los pilotos. Por otro lado, para Gilda de Juárez, es más fácil dejar de utilizar el documento y pagar Q1.00 por utilizar el servicio y no continuar sufriendo con los abusos.
ATROPELLOS
Otra entidad que recibe las quejas de los ciudadanos es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en este caso mediante la Defensoría de las Personas de la Tercera Edad.
Alcira Tobar de Salguero, encargada de este ente fiscalizador, informa que hasta la fecha se han recibido denuncias de abusos como insultos, paradas alejadas del lugar en que se solicitó, el retiro del carné sin autorización e incluso, dos personas manifestaron haber sido atropelladas por un autobús debido a que el conductor de este no quiso esperar a que ellos subieran con tranquilidad a la unidad. «Para las personas de la tercera edad muchas veces se dificulta, por la edad o por discapacidad física, subir o bajar rápidamente de los buses», asegura Tobar. En el Código Penal se encuentra tipificada una pena para quien cometa un delito como este, no obstante, poco o nada se puede hacer cuando no se cuenta con la identificación del bus y mucho menos del agresor. Denuncias sin pruebas. A decir de la defensora, uno de los mayores problemas que se presentan al momento de buscar una sanción, es la falta de pruebas tales como el número de bus, de serie, o de placa, por lo que se dificulta la identificación del agresor.
«A los adultos mayores se les hace difícil identificar el autobús, por lo pequeño de los números, por ello les aconsejamos pedir apoyo de alguna persona que se encuentre cerca para anotar esos datos», indica la entrevistada. Esto ayudaría en mucho, tanto a la PDH como a la Policía Municipal de Tránsito, pues de esta manera se puede verificar plenamente la identidad del agresor y así aplicar la sanción respectiva.
EJERCER EL DERECHO
Para la defensora del adulto mayor es claro que en Guatemala hay un ordenamiento jurídico, sin embargo, en diversas ocasiones las leyes no se cumplen, lo que además fomenta el temor a denunciar en la población.
Por ello, la PDH ha impulsado en diversas ocasiones la cultura de denuncia, proporcionando como herramienta el número 1555, pues a decir de la entrevistada, la única manera con la que se puede lograr que se respeten los derechos humanos de la población, especialmente la adulta mayor, es la denuncia del delito. En Gobernación Departamental las rutas más denunciadas por los adultos mayores son la 51, 201, 205 y 96, mientras que hasta el 31 de diciembre, en la PDH se habían recibido 445 denuncias de personas de la tercera edad, entre amenazas y violencia intrafamiliar.
En la ciudad capital se han presentado 445 denuncias de parte de los adultos mayores, siendo estas: 1 por abusos deshonestos. 9 por amenazas. 68 por falta de cobertura social. 12 por discriminación cultural. 15 por falta de acceso a los servicios de salud. 13 por falta de medicamentos. 108 por maltrato. 42 por violación al derecho de aporte económico. 50 por seguridad social. 14 por violencia física o psicológica. 28 por violencia intrafamiliar. 6 por trata de personas. A estas cantidades se debe agregar las demandas realizadas en el interior de la república, esto tomando en cuenta que en el país viven 900 mil personas de la tercera edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.