Rosa tenía unos 3 años cuando fue traslada desde la aldea Xacalté, Chajul, Quiché, al hospital departamental luego de haber sido herida por una bala durante un enfrentamiento armado el 22 de julio de 1982. Debido a su corta edad no se pudo obtener mayor información de su procedencia y se declaró en abandono. Dos años después fue dada en adopción.
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De acuerdo con el informe Las adopciones y los derechos de la niñez guatemalteca (1977-1989), publicado recientemente por la Secretaría de la Paz (Sepaz), este es uno de los 672 casos que fueron localizados durante la época en que Guatemala se encontraba sumergida en una guerra interna.
Según la investigación, el conflicto armado fue calificado como el período más álgido de adopciones.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida determinó que al menos unos 5 mil menores de edad fueron desaparecidos durante esa época y desde entonces no ha existido acción desde el Estado para reencontrar a los infantes y reparar el daño hecho a sus familias.
Hasta ahora, instituciones de sociedad civil como la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), han logrado una serie de reencuentros familiares, sin ninguna participación del Estado.
FUERZAS ARMADAS
EL ANíLISIS DE LA DOCUMENTACIí“N REVISADA DE PROCESOS DE ADOPCIí“N INTERNACIONAL LLEVADOS A CABO POR LA SECRETARíA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA ENTRE LOS Aí‘OS DE 1977 Y 1989, DETALLA QUE EN LA Dí‰CADA DE LOS 80 SE LOCALIZARON VARIAS CASAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DONDE HABíAN MENORES DE EDAD E HIJOS DE MILITANTES DE LA GUERRILLA, INCLUSO MUJERES GUERRILLERAS EMBARAZADAS.
«En ese período, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) abrió varios centros asistenciales en el interior del país; específicamente en San Juan Comalapa; San Martín Jilotepeque; Chichicastenango; Joyabaj; Nentón; Huehuetenango; San José Poaquil; Uspantán; Chajul; y, San Juan Cotzal. Nótese la coincidencia con áreas geográficas objeto de masacres», cita el texto.
OTRO DATO QUE DETALLA EL DOCUMENTO ES QUE EN EL TRASLADO DE MENORES QUE FUERON LOCALIZADOS ABANDONADOS O HERIDOS COMO PRODUCTO DE UN ENFRENTAMIENTO ARMADO SE EVIDENCIí“ LA PARTICIPACIí“N DE INTEGRANTES DEL EJí‰RCITO Y DE LA POLICíA NACIONAL TANTO A LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO A LOS HOGARES ELISA MARTíNEZ Y MANUEL AYAU, DE LA SBS.
EN EL CASO DE LA NIí‘A DE TRES Aí‘OS ORIGINARIA DE LA ALDEA XACALTí‰, SE IDENTIFICí“ EL NOMBRE DE UN CORONEL DEL EJí‰RCITO, QUIEN LA LLEVí“ AL CENTRO ASISTENCIAL Y A QUIEN SE LE HACíAN CONSULTAS CUANDO LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA SBS, BUSCí“ INFORMACIí“N DEL ORIGEN DE LA MENOR.
IRREGULARIDADES
DE ACUERDO CON MARCO TULIO íLVAREZ, DIRECTOR DE LOS ARCHIVOS DE LA PAZ DE LA SEPAZ, SE DETECTí“ UN PATRí“N DE ACTUACIí“N EN AL MENOS 333 EXPEDIENTES LOS CUALES CONLLEVAN A CONCLUIR QUE PUDO HABER INDICIOS DE ILEGALIDAD EN LOS TRíMITES LLEVADOS A CABO POR LA SBS.
Según el experto, hubo un patrón similar que demostró «debilidades» en las adopciones, sobre todo en la búsqueda de datos sobre el origen de los infantes que fueron declarados en estado de adopción.
«Hubo omisión de investigación, ya que antes de hacer la declaratoria de abandono no se determinó de dónde procedían los niños y eso derivó en problema, porque fue niñez prácticamente desaparecida», adujo ílvarez.
Se identificó a los involucrados, entre ellos: las directoras que antecedieron en ese periodo al frente de la SBS, trabajadoras sociales que consignaban las supuestas historias de procedencia de los niños, los notarios, incluso las casas hogar y cuerpos de seguridad que entregaron a los niños y los abogados y notarios.
SIN ACCESO
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Guatemala se han documentado cerca de mil casos por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez Desaparecida, la cual tendría pendientes de resolver unos 900.
Entre los factores que no permiten la solución de los casos se encuentran la imposibilidad de acceder a la información en centros militares, a la información en orfanatos, albergues y otros, así como a los expedientes de las adopciones.
Para Nery Rodenas, de la ODHAG, la publicación es muy importante, ya que reafirma que hay miles de casos de niños que fueron robados por las fuerzas de seguridad y dados en adopción.
«Lamentablemente durante la época en que nosotros hicimos una investigación que se llama hasta encontrarte nos fue muy difícil tener acceso a la información, principalmente aquellas casas en las que se tuvo relación con las adopciones», dijo.
Mario Polanco, director del GAM, indica que desde 2001 varias organizaciones sociales comenzaron con este proceso de investigación en los archivos de la SBS, por lo que ya existían indicios documentales que corroboraban la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de infantes durante la guerra
A criterio de Polanco, el Estado aún debe asumir financieramente el proceso de búsqueda de los cinco mil infantes que habrían desaparecido durante el conflicto; además, aduce, se deben iniciar los procesos legales contra las personas involucradas, cuyos nombres están registrados en los expedientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a adoptar la legislación adecuada para facilitar la búsqueda de la niñez desaparecida durante el conflicto armado interno, y a utilizar los medios técnicos y científicos necesarios para tal fin incluyendo pruebas de ADN