Guatemala no es un país estático. En forma paulatina se avanza en la comprensión de fenómenos sociales. Este aspecto explica las acciones para lograr un desarrollo integral y sostenible de la adolescencia y niñez efectuadas por los tres poderes del Estado, instituciones especializadas, y organismos no gubernamentales, entre otros, vinculados a la defensa de la adolescencia y la niñez. En este contexto fueron importantes los análisis y conclusiones del Seminario nacional del trabajo infantil en Guatemala, el cual concluyó el pasado siete de agosto.
La norma jurídica guatemalteca considera como niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los trece años y, a partir de esta edad hasta los dieciocho, los sitúa como adolescentes. De ellos, es difícil localizar antecedentes y datos actuales con relación a factores socioeconómicos y culturales de quienes integran los diferentes flujos de la migración internacional. Un inicial apunte preciso fue proporcionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuando desarrolló la investigación Trabajadores agrícolas migrantes temporales en 1992. En esa ocasión se analizaron listas donde las autoridades migratorias de México colocaban el nombre, edad, así como el documento con el cual se identificaban guatemaltecos y guatemaltecas y se les autorizaba el ingreso a las fincas de Chiapas. Los menores de edad documentados fueron 18,771. Su trabajo era -y sigue siendo- igual al de los adultos. En las áreas de producción, especialmente de café, adolescentes, así como niñas y niños, participan en el trabajo junto a sus padres y se desconoce el volumen de quienes trabajan en forma indocumentada.
La ciudad de Tapachula es el destino de un amplio flujo laboral no cuantificado de trabajadoras domésticas. Proceden de San Marcos. El domingo concurren a varios parques de Tapachula, en especial, el «Miguel Hidalgo» en el centro de la ciudad. Su edad se encuentra entre los 12 y 18 años y el salario oscila de 600 a mil 200 pesos, según la experiencia que posean. No reciben ninguna prestación o trato especial -según las leyes mexicanas- por ser menores de edad. En sus lugares de origen no existe ningún proyecto para proporcionarles información sobre sus derechos. Son mujeres en busca de un trabajo por las condiciones de pobreza existentes en Guatemala.
También se localiza un flujo migratorio de menores de edad originarios de municipios fronterizos de San Marcos y Huehuetenango. Se integran a la economía informal de Tapachula. Caminan en la ciudad vendiendo dulces en cajas que colocan en el pecho, otros son boleadores (lustradores), o venden ropa que cargan en sus hombros. Sus ingresos son muy bajos. En la noche se juntan en grupos para dormir en cuartos fuera de la ciudad. Por su edad, deberían asistir a la escuela, pero la necesidad económica los obliga a realizar estas actividades. Sería absurdo ignorar su explotación.
Un hecho de especial preocupación lo constituye el flujo migratorio de transmigrantes, también denominado migraciones de paso. Se refiere a niñas y niños (junto a personas mayores) y adolescentes (solos o acompañados), utilizando territorio mexicano en forma indocumentada con el propósito de llegar a Estados Unidos. Por las vicisitudes del viaje (falta de dinero, robos, acción de maras y delincuentes, entre otros) quienes los llevan -en ocasiones- asumen la decisión de dejar a los menores recomendados con familias mexicanas para que los puedan ayudar a regresar. Las personas buscan ayuda con los consulados de Guatemala o los grupos Beta de Protección a Migrantes, de México. A esta situación deben agregarse los accidentes por la inadecuada higiene y hacinamiento en lugares escondidos de diferentes medios de transporte y los que se originan en el ferrocarril de la empresa Mayab (también llamado el Tren de la Muerte). Un porcentaje muy bajo logra llegar a la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cuántos menores de edad pueden soportar el paso por el desierto de Arizona? Y en caso logren llegar a una ciudad de Estados Unidos, nadie conoce el número de niñas, niños y menores de edad que se encuentran en situación de desamparo, porque la madre, el padre o ambos, fueron capturados en una redada.
También debe destacarse el avance en el orden jurídico guatemalteco, relativo a la trata de seres humanos. Aún falta mayor desarrollo para enfrentar esta realidad del crimen organizado. En este contexto, las autoridades deben redoblar esfuerzos para combatir a los traficantes de seres humanos. Sólo así se evitará el secuestro de menores de edad, niños y niñas, para obligarlos -por medio de la violencia, fraude y engaño- a desarrollar actividades en la prostitución, servidumbre forzada, pornografía y otros.
Es necesario referirse a una de las implicaciones socioeconómicas de la migración: la de niñas, niños y menores de edad, quienes son cuidados por familiares o amigos, porque su madre, padre o ambos, trabajan en el país de destino elegido. Resentir esa ausencia familiar originará problemas sociales a corto plazo (no recibir adecuada salud, alimentación, etcétera), y psicológicos (la pérdida de referentes afectivos, y dificultades por la desintegración familiar, para citar brevemente).
Los menores de edad -niños, niñas y adolescentes- quienes se trasladan de Guatemala para laborar en otro país, solos o con sus padres, no desarrollan sus actividades en vacaciones. Lo hacen cuando la producción agrícola lo requiere y puede ser en cualquier mes. Este factor los obliga a abandonar su asistencia escolar y no concluyen la etapa primaria de educación.
Los adolescentes, así como los niños y niñas de Guatemala, tienen el derecho a desarrollarse en su propia nación, a conservar su identidad. Es en Guatemala, con su cultura, donde deben encontrar oportunidades para lograr un mejor bienestar y vivir en paz.