Para nadie es fácil admitir que nuestro país, esa patria a la que amamos y que constituye algo muy sagrado para quienes vivimos en Guatemala, está en dramática condición por la crisis que marca a todas sus instituciones, pero que se capta más gráficamente en el sector justicia porque ello se traduce en la rampante impunidad que alienta la comisión de más y peores delitos contra la vida misma. La tendencia humana es, por supuesto, a minimizar los males, sobre todo cuando uno mismo puede quedar en mal predicado al ventilarlos públicamente y eso les pasa a nuestras autoridades que se niegan a reconocer la terrible fragilidad del Estado cuya conducción les corresponde por delegación de la soberanía popular.
Pero mientras no se reconozca la realidad y no se quiera entender que estamos a poco de caer en situación de Estado Fallido por las terribles deficiencias que inclusive impiden que la ley se aplique en el territorio nacional, no hay forma de empezar a resolver el problema. Entendemos que el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia trate de defender a sus empleados y a los jueces y magistrados porque se vería feo que de entrada lanzara más lodo a todos ellos, pero urge que reconozca que se hizo cargo de una cacharpa inútil a la que hay que convertir en instrumento de la justicia para bien del país.
La oportunidad para Colom de restablecer la fortaleza de las instituciones ya pasó y a estas alturas él no puede hacerlo y le queda continuar con la administración de la crisis y el desmadre, si bien le va. En cambio, a las nuevas autoridades del poder judicial se les presenta una oportunidad única, que no durará mucho tiempo, de realizar cambios profundos que únicamente puede implementarse cuando se acaba de asumir el poder, porque más pronto de lo que se imaginan se verán atrapados por las costumbres, todas ellas pésimas costumbres, y les pasará lo mismo que a Colom, es decir, tendrán que contentarse con administrar la crisis, con entretener la nigua sin que se logren éxitos concretos en el proceso de rescatar la justicia.
Los poderes ocultos tienen enorme capacidad para cooptar a quienes llegan y por ello es que en pocos días se ven atrapados por las fuerzas que han secuestrado, literalmente hablando, la institucionalidad del país. Son grupos criminales dedicados en principio a la corrupción, pero que usan otros crímenes para lograr sus fines y no dudan en usar la violencia. Por supuesto necesitan no sólo del padrinazgo del ejecutivo, que ya lo tienen, sino de la protección judicial que es lo que hoy está en juego. Por ello es que de la nueva Corte Suprema depende mucho.