El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) aceptó el viernes las primeras denuncias en el mayor escándalo de la era Lula, contra cuatro dirigentes de un banco del cual habría salido parte del dinero usado por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) para sobornar diputados.
El caso involucra a 40 personas, incluyendo José Dirceu, ex jefe de gabinete del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, así como ex altos dirigentes del PT, varios ex ministros y otros peces gordos de la política y los negocios.
El tribunal acogió la denuncia de «gestión fraudulenta» contra la presidenta del Banco Rural, Katia Rabelo, y los tres directores de la institución. El fallo fue adoptado con el voto unánime de los diez magistrados del STF, incluyendo la de su presidenta, Ellen Gracie, que debió pronunciarse para anular un requerimiento de inconstitucionalidad de la demanda.
El STF pasó de inmediato a discutir el segundo de los ocho capítulos en los que se dividió la denuncia, relativo a «desvío de fondos públicos».
Ese ítem analiza los negocios del publicitario Marcos Valerio, principal nexo entre el núcleo financiero y el núcleo político de la presunta «banda criminal», con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, del PT.