El juzgado Noveno de Primera Instancia Penal aceptó que la CICIG actuara como querellante adhesivo en el proceso contra Enrique Ríos Sosa y otros ex militares implicados en la pérdida de Q120 millones del Ministerio de la Defensa durante el gobierno de Alfonso Portillo.
La citada judicatura también aprobó la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como actor Civil dentro del proceso en el que el Estado perdió la multimillonaria suma.
Por este caso permanece ligado a proceso Ríos Sosa, quien fungió como jefe de Finanzas del Ejército durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo y es hijo de Efraín Ríos Montt.
Además, fueron capturados el capitán Primero Pedro Adolfo Catalán Muñoz y el teniente Miguel íngel Salguero Torres, quienes son acusados de los delitos de peculado y falsedad ideológica en forma continuada.
La fiscalía especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó la captura y procesamiento de los ex militares luego de una auditoría efectuada por la Contraloría General de Cuentas, donde se establece que estos habrían autorizado las erogaciones de fondos sin documentos de respaldo amparados en el secreto militar.
En 2001 se estableció que se emitieron 79 certificaciones valoradas en Q471 millones 585 mil 965.35 que afectaron ocho renglones de esa entidad.
De ese caso que suma un desfalco de Q906 millones se desprende el proceso contra Portillo, acusado de haber autorizado y distribuido Q120 millones de los mismos fondos.