No sabemos si los dos candidatos presidenciales se han dado cuenta, pero lo que espera al ganador no es para nada jauja ni un panorama tranquilo, sobre todo si es que alguno tuviera la idea de actuar responsablemente y no dejar pasar los cuatro años en medio de inauguraciones y frivolidades. En el plano de la gobernabilidad, el carácter de Estado fallido que presenta el nuestro es suficiente como para quitar el sueño al más desenfadado de los polí­ticos, pero si a ello sumamos que se está avizorando una crisis económica mundial, con las repercusiones que el precio del petróleo tendrá en el mundo entero, la cosa se va poniendo cada vez más color de hormiga.

El próximo presidente encontrará un déficit en el presupuesto de la Nación que le impedirá, de entrada, realizar inversiones mí­nimas, no digamos las importantes y trascendentales. Pero cuando uno escucha a los candidatos en sus ofrecimientos, pensarí­a que en realidad estamos frente a perspectivas de enorme bonanza, porque por lo visto tienen para todos los gustos y necesidades y a nadie le dicen que no. El caso es que debido a la incapacidad para negociar un pacto fiscal, del que nadie ha tenido intenciones de hablar en esta campaña porque pueden no ser brillantes, pero ninguno es tan papo como para no entender que en Guatemala eso es pecado, y por lo tanto no habrá un mandato claro para nadie a efecto de que incrementen la carga tributaria.

Es más, tendrí­amos que suponer que el mandato tácito de los guatemaltecos es a no mover el tema fiscal para no alborotar el cotarro y para que el próximo gobierno se limite a cubrir sus gastos de funcionamiento sin invertir en la atención social.

Pero eso, junto al impacto que la crisis energética y la crisis económica mundial tendrá en el nivel de precios al consumidor, permite suponer que habrá perí­odos de malestar social y que aunque ya los dos candidatos ofrecieron incrementar el salario mí­nimo, tendrán que enfrentar niveles altos de oposición de sus mentores, es decir, de quienes financiaron sus campañas cabalmente para mantener bajo estricto control a los polí­ticos e impedir que adopten medidas que sean adversas al interés del gran capital.

Porque, repetimos por enésima vez, ningún proyecto polí­tico de los que llegaron a la segunda vuelta es autónomo y todos tienen un discurso pautado por ese poder económico que no desea alteraciones de fondo y que, a lo sumo, tolera que existan estilos diferentes, pero para que sus subalternos, que adquirieron tal calidad desde que dependieron del dinero de ellos para hacer campaña, tienen que limitar su campo de acción de acuerdo con la agenda del más poderoso sector del empresariado local.

Les tocará, pues, administrar la crisis pero anteponiendo en cualquier circunstancia el interés de sus financistas. Después vendrá su propio interés y por último queda el interés general que, en este caso, se supedita al particular.