El general Pervez Musharraf emprendió hoy una gira de despedida por los cuarteles, obligado a abandonar el cargo de jefe de las fuerzas armadas de Pakistán antes de asumir el jueves como «presidente civil», ocho años después de su golpe de Estado.
Con un jefe de Estado civil, los 160 millones de habitantes de la República Islámica de Pakistán -la única potencia nuclear comprobada del mundo musulmán- deberían recuperar, por lo menos en teoría, una democracia «normal».
Pakistán ha vivido más de la mitad de los 60 años de existencia del país bajo el poder de los generales golpistas.
Pero la crisis política aguda que atraviesa desde hace ocho meses, y que alcanzó su punto álgido cuando el general Musharraf impuso el estado de excepción hace tres semanas, no se resolverá inmediatamente.
Y es que la oposición paquistaní y la comunidad internacional exigen unánimemente que se levante la ley de excepción antes de las elecciones legislativas y provinciales del próximo 8 de enero.
Musharraf comenzó el martes su gira de dos días visitando el estado mayor general de las fuerzas armadas en la ciudad-cuartel de Rawalpindi, en los alrededores de Islamabad, informó un periodista de la AFP.
Las tropas desfilaron ante el presidente, ex miembro de los comandos de las fuerzas especiales que siempre consideró su uniforme como una «segunda piel», y que para la ocasión eligió su atuendo de gala, cubierto de medallas.
Jefe del estado mayor de las fuerzas armadas desde el 7 de octubre de 1998, Musharraf se hizo con el poder un año más tarde gracias a un golpe de Estado incruento, el 12 de octubre de 1999.
En 2002, el golpe de Estado fue legalizado por la justicia y el Parlamento nuevamente electo lo confirmó como presidente tras un referéndum.
El pasado 6 de octubre, cuando su popularidad se veía en grave retroceso, fue reelegido por el mismo Parlamento y por las asambleas provinciales, en las que tenía mayoría.
Pero la Corte Suprema -ante la que la oposición había recurrido la elegibilidad de Musharraf- suspendió el resultado de la elección presidencial condicionándolo a su veredicto.
En este contexto, el 3 de noviembre, Musharraf declaró el estado de excepción. El invocó la amenaza del terrorismo islamista, pero la oposición y la comunidad internacional lo acusan de haberlo hecho con el objetivo de meter en vereda a la Corte Suprema.
Efectivamente, al día siguiente destituyó a la mayoría de jueces, que le eran hostiles, y la semana pasada un nuevo tribunal reestructurado validó su reelección.
Sin embargo, Musharraf había prometido desde hace meses, como lo exige la Constitución, dimitir de la dirección militar y colgar el uniforme antes de prestar juramento como presidente, lo que debería hacer el jueves.
Estas ceremonias tendrán lugar mientra la oposición y la comunidad internacional siguen reclamando un «verdadero retorno a la democracia».
Musharraf, por su parte, insiste en mantener el estado de excepción afirmando que es el único modo de garantizar la seguridad durante las elecciones, en un momento en que el país vive una oleada de atentados sin precedentes, que causó más de 250 muertos en cuatro meses.