Gracias a la espontánea colaboración de mi amigo politólogo Miguel Ángel Barrios pude establecer que la iniciativa de ley para regular el funcionamiento de estacionamientos públicos de vehículos automotores a la que aludí hace 8 días, fue planteada al pleno del Congreso en octubre de 2006 por el entonces diputado Luis Contreras, quien era el jefe de la bancada “Guatemala”, y, como es usual, el proyecto se trasladó a la Comisión de Gobernación “para su estudio y dictamen respectivos”.

Pero el analista Barrios no se limitó a ubicar mi artículo publicado el sábado 8 de noviembre de 2006, sino que fue más acucioso porque logró determinar que un año antes, el 3 de febrero de 2005 el parlamentario de entonces Mario Flores Ortiz presentó su iniciativa denominada “Ley para el estacionamiento de vehículos”, argumentando que esos negocios han proliferado sin control estatal ni municipal, además de que evaden responsabilidades, y de ahí que su propuesta incluía que los propietarios de esos establecimientos deberían contratar un seguro contra daños y perjuicios a favor de los dueños de vehículos confiados a la custodia de aquéllos…

El tercer proyecto conocido por el pleno el 19 de septiembre de 2006 fue el del exlegislador Manuel Baldizón, en ese tiempo del bloque de la UNE, y más tarde candidato presidencial del partido Lider y quien de nuevo aspira a ser postulado a la Presidencia de la República.

Otro fallido intento en este asunto fue el documento que propusieron los diputados Roberto Kestler Velásquez y Félix Ovidio Monzón Pedroza, el 13 de septiembre de 2010, denominado “Ley reguladora del arrendamiento de parqueos para vehículos automotores”, que siguió la misma suerte que las anteriores, a causa de las fatigosas tareas de los honorables padres de la patria.

Vaya usted a saber porqué esas cuatro iniciativas de ley que perseguían el mismo propósito fueron a estancarse y fenecer en la Comisión de Gobernación, pero quizá encuentre explicación si es prejuicioso sobre la honestidad legislativa.

De entonces para estas fechas, los abusos no sólo han persistido (como lo decía en mi columna del 23 de febrero pasado), sino que se han incrementado, al extremo de que autoridades del Estado, por medio de diversas instituciones, aplican a su antojo tarifas exorbitantes en estacionamientos adyacentes a sitios a los cuales acuden cientos de personas diariamente y a toda hora, como en el aeropuerto internacional La Aurora, donde con cierta frecuencia aumentan el valor del estacionamiento, sin que los usuarios cuenten con otra opción para estacionar sus vehículos.

Para decirlo de alguna forma (porque tales abusos no están tipificados por la Ley) esos “atracos o trinquetes” no se restringen a los estacionamientos públicos que hasta cobran por usar sus apestosos “sanitarios”, y en algunos centros comerciales, sino que se extienden a edificios en los que funcionan exclusivamente clínicas médicas y laboratorios de diagnóstico clínico, donde no se tientan el alma para cobrar hasta Q25 por hora a los pacientes, y no se diga lo que exigen las funerarias Señoriales y Reforma en sus propios “parqueos”, a lo que se adiciona el caso de los automovilistas que son extorsionados por sujetos que se han adueñado de espacios en la vía pública, so pretexto de “cuidar” vehículos automotores.

(El taxista Romualdo Tishudo parafrasea este dicho cuyo autor desconoce:-El mundo es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos; pero es demasiado pequeño para la codicia y la avaricia de otros).