Siete infantes de marina fueron acusados como presuntos responsables del asesinato cinco años atrás de uno de sus excompañeros que había desertado, informó hoy la Fiscalía General de Colombia.
A través de un comunicado de prensa, el ente investigador explicó que la decisión en contra de los siete uniformados fue tomada por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.
De acuerdo con la investigación, el 24 de diciembre de 2006 los acusados dijeron haber dado muerte en combate a un rebelde del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en una zona rural del municipio de Majagual, departamento de Sucre, 435 kilómetros al norte de la capital colombiana.
Pero según la Fiscalía «los investigadores determinaron que la víctima no era un subversivo sino un desertor de la mencionada unidad militar identificado como Larry José Torres Peña, quien abandonó las tropas en octubre del mismo año».
El cabo de la armada Hader Antonio Padilla y seis infantes deberán responder en juicio por los delitos de homicidio y desaparición forzada.
Desde fines de 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares eran en realidad ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esta práctica conocida en Colombia como «falsos positivos».
El escándalo estalló cuando en el último trimestre de 2008 quedó al descubierto que 11 jóvenes de Soacha, una barriada al sur de Bogotá, habían sido llevados al noreste del país con falsas promesas de trabajo y fueron posteriormente asesinados por militares. El objetivo era inflar los resultados de los militares en su lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.
Según estadísticas del organismo investigador, hasta mayo pasado 368 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados del país.
En octubre de 2008 el entonces presidente ílvaro Uribe (2002-2010) y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de los «falsos positivos» era ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en este tipo de crímenes.
En tanto, la Fiscalía denunció que al menos dos militares procesados por los «falsos positivos» de Soacha huyeron de la justicia y al parecer se encontrarían en territorio venezolano. Así lo dio a conocer Jorge Niño, investigador criminalístico de la Fiscalía.