La fiscalí­a de Derechos Humanos señaló esta mañana a José Mauricio Rodrí­guez Sánchez, exjefe de Inteligencia del Ejército de Guatemala, de haber participado en no menos de mil 771 muertes de pobladores del Triángulo Ixil del paí­s durante su gestión en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La captura de Rodrí­guez Sánchez fue requerida por el Ministerio Público junto a la de í“scar Humberto Mejí­a Ví­ctores, quien fungió como jefe de Estado de 1983 a 1986, no obstante, los operativos coordinados para aprehenderlo fueron infructuosos.

Rodrí­guez Sánchez fue conducido con una hora de retraso hacia el decimoquinto nivel de la Torre de Tribunales donde serí­a indagado, por primera vez, luego que ayer se realizara la captura que fue girada en su contra por el juzgado Primero de Mayor Riesgo.

Al inicio de la diligencia, la jueza Carol Patricia Flores notificó a las partes que solicitarí­a un informe circunstanciado a la jefatura del Sistema Penitenciario debido a que el jefe de carceletas del Organismo Judicial (OJ) indicó, a la misma, que tení­a una orden para “no trasladar al sindicado hacia ese Juzgado”, razón por la que la diligencia se inició con una hora de retraso.

Manuel Vásquez, jefe de la fiscalí­a de Derechos Humanos, expuso que el militar retirado contribuyó a diseñar, ejecutar y supervisar “el cumplimiento de la polí­tica contrainsurgente dentro de la cual incluyó como enemigo interno a población civil no combatiente del grupo étnico maya-ixil”.

Las masacres en las que el sindicado habrí­a tenido autorí­a fueron ejecutadas por el Ejército de Guatemala en los municipios de San Juan Cotzal, Santa Marí­a Nebaj y San Gaspar Chajul, todos del departamento de Quiché.

“Usted tuvo participación decisiva en los procesos de planificación de campañas y operativos militares de carácter contrainsurgente que se desarrollaron, a nivel nacional y local, en el seno del Estado Mayor de la Defensa”, detalló Vásquez al leer la acusación contra el sindicado.

La Fiscalí­a también señala a Rodrí­guez Sánchez de haber desarrollado operaciones permanentes y actualizadas de inteligencia militar “con el fin de evaluar el dispositivo con posición y fuerza disponible del enemigo”.

El fiscal de Derechos Humanos también señaló que el exmilitar tuvo participación en la “elaboración, ejecución y supervisión del plan de campaña Victoria 82, Firmeza 83 y Firmeza 83i, parte del plan de operación Sofí­a”, declaró.

Francisco Palomo, abogado defensor de Rodrí­guez Sánchez, interpuso dos recursos en los que alegaba que la detención de su defendido era ilegal y solicitaba que fuera dejado en libertad inmediata por no haber sido indagado durante las 24 horas próximas a su captura.

Palomo también argumentó que la juzgadora no debió emitir una orden de captura debido a que existe una recusación pendiente de ser resuelta, la cual fue planteada por la defensa de Héctor Mario López Fuentes, exjefe del Estado Mayor de la Defesa y también procesado en ese caso. Ambos recursos fueron declarados sin lugar por parte de la jueza Patricia Flores.

Al cierre de esta edición permanece prófugo de la justicia Mejí­a Ví­ctores, quien enfrentará proceso por genocidio y delitos contra deberes de humanidad al haber participado en los mismos hechos.