La Fiscalía de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, acusa a Fermín Felipe Solano Barillas, exguerrillero y exmiembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), sindicado de la masacre en la comunidad El Aguacate.

Ante el juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango, el Ministerio Público (MP) presentará la acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de Solano Barillas, identificado bajo el seudónimo de Subcomandante David, primer exguerrillero que enfrenta proceso por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

La Fiscalía lo señala de la comisión de los delitos de asesinato en forma continuada y delitos de deberes contra la humanidad, por su presunta participación en la muerte de 22 campesinos, 1988 en la aldea El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

De acuerdo con la información, el MP cuenta con testimonios de varias personas, incluyendo exmiembros de guerrilla,  que vinculan a Solano Barrillas en la masacre; el ente investigador también utilizará medios periciales y documentales para probar los hechos acreditados al exsubversivo. 

La audiencia donde se conocerán la acusación formal fue programada para el próximo 19 de agosto; en dicha diligencia el juez resolverá si el sindicado enfrentará juicio por la matanza.

ALDEA FANTASMA

El Caso Ilustrativo 86 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), detalla que en la masacre en la localidad El Aguacate los prisioneros fueron llamados uno a uno  e iban siendo estrangulados.

“Consumada la ejecución, los cuerpos de los campesinos son enterrados en el mismo lugar, utilizándose para ello las trincheras que habían excavado», refiere el documento de la CEH.

En dicho caso, también se indica que tres días después de la matanza los cadáveres de las víctimas fueron exhumados y la comunidad de El Aguacate quedó convertida en una aldea “fantasma”, porque los sobrevivientes abandonaron el lugar y se fueron a vivir a Chimaltenango.

REACCIONES

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo consideró que el MP está incurriendo en delitos al buscar enviar a juicio a Solano Barrillas, ya que según la legislación, el sindicado debió ser beneficiado con una amnistía.

Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack calificó de correcta la actuación del Ministerio, y acotó que “todos somos iguales ante la justicia”.