La acusación por obstruir a la justicia contra el ex fiscal para los delitos contra la vida de Guatemala, ílvaro Matus, ha abierto una válvula de escape al descontento de quienes reclaman reformas urgentes para acabar con una impunidad generalizada y limpiar al Estado del crimen organizado.
Acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista español Carlos Castresana, de incumplimiento del deber, abuso de autoridad, obstrucción a la investigación y conspiración, el caso de Matus ha puesto nombre y apellidos a la impunidad en lo más alto del corazón del Estado.
Matus tuvo a su cargo la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer hace dos años y a pesar de que cuatro policías detenidos fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad unos días después y se ha capturado al supuesto autor intelectual, un ex diputado, todavía nadie se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Tras pagar una fianza de 2.000 dólares, el propio ex fiscal quedó en libertad condicional a raíz de una decisión judicial fuertemente criticada no exenta de sospechas de corrupción.
La mayoría de la población, hastiada de violencia e indefensión en un Estado que muchos analistas tildan de «fallido», y muchos medios de comunicación han visto en esta espita que ha abierto Castresana la posibilidad del cambio en Guatemala.
«La evidencia que hay ya del aparato que funciona en el ministerio Público ha provocado reacciones y se ha vuelto contra el propio Congreso», al que se le urge la aprobación de nuevas leyes para frenar el imperio de la impunidad, que afecta al 98% de los delitos, asegura Miguel íngel Albizures, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos.
«No estamos descubriendo el agua azucarada», exclama por su parte Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, en referencia a la impunidad que ha permitido que ninguno de los autores de las masacres perpetradas durante 36 años de guerra civil (1960-96) haya respondido ante la justicia, y que el ex presidente Alfonso Portillo (2000-04) nunca haya enfrentado en las cortes las acusaciones de corrupción en su contra.
«La impunidad es una situación estructural permanente» en el país que deriva de la corrupción y el clientelismo enquistado en la política guatemalteca y tiene que ver hasta con el nombramiento de jueces, lo que recae en el Congreso, al no existir una carrera judicial como en cualquier país democrático, aseguró Monterroso a la AFP.
Por eso, a su juicio, entre las medidas más urgentes para atajar este problema es regular la carrera judicial, crear una policía de investigación especializada, establecer mecanismos de coordinación entre la fiscalía y la policía y dotarse de un arsenal legislativo que regule el porte de armas o las empresas privadas de seguridad.
«Mientras no cambiemos las reglas del juego no sirve de nada cambiar de jugadores», aseguró, tras lamentarse de que el gobierno de ílvaro Colom «colabora con la CICIG, pero no reforma las estructuras» que han contribuido a hacer de Guatemala el paraíso de la impunidad y uno de los países más peligrosos del mundo en tiempos de paz con una media de 17 asesinatos diarios.
Según Castresana, el crimen organizado está presente en todas las esferas del poder y «la cadena de complicidad está muy metida a todos los niveles, la política, el periodismo, la abogacía…».
No obstante, los analistas advierten que es «un error» apostarle todo a la CICIG, avalada por Naciones Unidas, y cuyo cometido es transformar el sistema de justicia, «pero la responsabilidad de cómo hacer para que funcione el Estado de derecho, es muy nuestra», dijo Albizures.
«O hacemos ese cambio o nos convertiremos en un «narcoestado»», advirtió.
Los grupos criminales infiltran todas las instituciones en Guatemala, afirmó este jueves el jurista español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) auspiciada por la ONU.
«Por desgracia encontramos señales de su presencia (criminales) en todas las instituciones, públicas, privadas, civiles, militares, la cadena de complicidad está muy metida a todos los niveles, la política, el periodismo, la abogacía», dijo el jurista a los periodistas.
Según Castresana, el 98% de los crímenes quedan impunes en Guatemala.
Luego de un año de labor de la CICIG, el jurista sostuvo que no es alto el número de criminales infiltrados en las instituciones, pero están ubicados en posiciones clave en su trabajo.
Estas personas «están ubicadas en un círculo de intereses que numéricamente no es tan significativo, porque estamos hablando de 100, 200 ó 300 personas, que, sin embargo, hacen daño a millones», subrayó Castresana.
Citó como ejemplo el caso del ex fiscal de delitos contra la vida Alvaro Matus, a quien la CICIG sindica de obstruir las investigaciones del asesinato del ex asesor en materia de secuestros del ministerio del Interior de Guatemala, el venezolano Víctor Rivera.
El ex fiscal está acusado de los delitos de conspiración, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad, entre otros.
«Llegamos a tribunales y denunciamos irregularidades en la investigación», afirmó Castresana, quien recientemente detalló que Matus habría ordenado a sus fiscales que no efectuaran ciertos allanamientos y permitió la destrucción de evidencias.
«No solicitó desplegados telefónicos, hubo falta deliberada de investigación y elementos esenciales para la averiguación sobre la identidad de los responsables del asesinato», subrayó el jurista.
La CICIG solicitó la aprehensión de Matus el 31 de enero y a la semana siguiente el ex fiscal se presentó a un juzgado, que lo dejó libre tras el pago de una fianza de 2.000 dólares mientras avanzan las indagaciones en su contra.
Hasta este jueves, una nueva solicitud de aprehensión de Matus no había sido resuelta por el juzgado que lleva el caso, cuyo nuevo titular explicó a la prensa que eso demorará, pues tiene que estudiar todo el expediente.
El ex fiscal también tuvo a su cargo la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su chofer, ocurrido hace dos años.
El mandato de dos años de la CICIG comenzó en setiembre de 2007, pero por razones de logística inició operaciones en enero de 2008, en una misión dirigida a apoyar a las autoridades a desarticular aparatos clandestinos que alimentan la impunidad.
El presidente Alvaro Colom manifestó complacencia con el trabajo de la Comisión y esta semana afirmó que solicitará a la ONU la renovación de su mandato, que vence en setiembre próximo.