El próximo 15 de febrero se cumplirá un mes de que representantes de los tres organismos del gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se comprometieran a una serie de acciones que solicitaron comunidades de varios departamentos, luego de una intensa jornada de protesta a un año de gobierno de ílvaro Colom.
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Comunitarios de San Juan Sacatepéquez, Coatepeque (Quetzaltenango), Livingston (Izabal), y de San Marcos indicaron que los compromisos no han tenido avance.
Según Daniel Pascual, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), aún están gestionando reunirse de nuevo con los presidentes de los tres poderes para verificar las acciones que se emprenderán.
El dirigente campesino aseveró que las comunidades continuarán dando el compás de espera que han mantenido a la fecha, empero advirtió que las mismas están en consultas internas para determinar qué acciones implementarán, de no tener resultados positivos.
CONFLICTOS SIGUE
San Juan Sacatepéquez ha sido escenario de enfrentamientos constantes entre comunitarios y fuerzas de seguridad, a raíz de la implementación de una cementera en el lugar, ya que 12 comunidades rechazaron, por medio de una consulta comunitaria, la instalación de la misma.
En ese contexto, ayer se registraron dos nuevos enfrenamientos relacionados con la defensa y demanda del acceso a la tierra. El primero de ellos se originó en Las Trojes, San Juan Sacatepéquez, donde un autobús en el que viajaban supuestos trabajadores de la cementera, fue incendiado.
El grupo que apoyó la instalación del proyecto acusó a quienes lo refutan y viceversa, dando pie a un nuevo capítulo de violencia extrema entre la población. Asimismo, en el municipio de Tucurú, Alta Verapaz, se suscitó un nuevo desalojo violento por las fuerzas de seguridad del Estado, donde murió un campesino.
El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, consideró que «esto indica que las autoridades no creen en el logo y por eso acuden a medidas represivas».
LOS COMPROMISOS
El Ejecutivo acordó la revisión de licencias mineras, y examinar los impactos que genera la instalación de la cementera en San Juan Sacatepéquez, así como la mina Marlin en San Marcos.
En tanto, del Organismo Judicial recibieron la promesa de revisión de casos como el de Ramiro Choc, dirigente campesino de Livingston y los capturados por disturbios en San Juan Sacatepéquez.
Finalmente, con el Legislativo prometió la conformación de comisiones técnicas para revisar leyes nocivas a los pueblos indígenas y para promover la iniciativa de ley de desarrollo rural.