Una revuelta inusual. Sin muertos ni heridos, aunque con algunos destrozos. Los últimos conflictos en la prisión de «máxima seguridad» Fraijanes II esconden detrás un acuerdo entre el Sistema Penitenciario y pandilleros de la Mara 18, con intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que permitió el traslado de 43 privados de libertad al Preventivo de la zona 18.
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El pasado 23 de abril se suscitaron dos motines simultáneos en la cárcel de Fraijanes II y en el Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18. Los protagonistas fueron, nuevamente, los pandilleros de la Mara 18, quienes retuvieron a guardias del Sistema Penitenciario (SP) en ambos centros carcelarios.
Los primeros indicios dan cuenta que hubo comunicación entre los detenidos en ambos centros de detención para hacer una cuidadosa planificación de los hechos.
Los pandilleros de Fraijanes II exigían su traslado al Centro Preventivo, quejándose de constantes violaciones a sus derechos, ya que supuestamente se encontraban resguardados con un fuerte dispositivo de seguridad que permitía una sola visita al mes y sus conversaciones eran interceptadas, supuestamente, por los guardias.
En medio de la «tensión» que causó la revuelta de los pandilleros, el ministerio de Gobernación y el SP, bajo el argumento de «proteger la vida de los guardias» que fueron retenidos como rehenes, cedieron a las exigencias de los reclusos hasta que se concretó su traslado.
En el hecho intervino la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que prácticamente medió en la negociación entre autoridades y miembros de la Mara 18.
Los pandilleros dijeron que se comprometían a «no delinquir más» y que estaban dispuestos a involucrarse en programas de reinserción social y educativa. Sin embargo, sus antecedentes y conducta en la cárcel dan cuenta de que las promesas podrán no ser cumplidas.
En medio de traslados y promesas, una revuelta, secuestros, y amenazas, los pandilleros amotinados recibieron una benevolente respuesta del SP, que no tardó en justificar su decisión.
Para los analistas consultados, la búsqueda de acuerdos y la negociación con pandilleros refleja la debilidad institucional de la autoridad Penitenciaria, que finalmente cede a la presión de los sujetos que deberían guardar prisión.
INQUILINOS
Hoy, el Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18 alberga a 366 pandilleros de la Mara 18, sindicados por delitos como asesinato, secuestro, robo agravado, posesión ilegal de arma de fuego, posesión para el consumo, entre otros.
Previo a la llegada de los pandilleros que fueron trasladados de la prisión de Chimaltenango, había 272, pero cuando esos traslados se efectuaron el pasado 18 de enero, el penal contaba hasta el 22 de abril con 318.
En su momento, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), habría manifestado su preocupación por el repunte de extorsiones que se perpetraron desde que se trasladaron a reos de la prisión de Chimaltenango.
Una fuente policial reveló que el aumento fue notorio, porque cuando sólo habían 272 privados de libertad se atendían unas 18 denuncias diarias, pero posteriormente se empezaron a recibir de 27 a 40, principalmente de lunes a miércoles.
De acuerdo con la fuente, esto no se debe a la cantidad, sino al perfil criminal, porque las personas que provenían de Chimaltenango «son peligrosos» y tenían otras estrategias para delinquir, que intercambiaron con los del Sector 11.
Las extorsiones generalizadas (contra el transporte, comerciantes y familias), así como los secuestros, asesinatos, violaciones sexuales, entre otras, son orquestadas desde esa prisión.
El Fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, ha reiterado que es difícil controlar a los sindicados, puesto que varios comparten bartolinas y es complicado identificar quiénes cometen esas acciones delictivas, aunque se sabe que es la mayoría.
Ahora, con la llegada de los jefes de las células criminales de la cárcel Fraijanes II la situación podría recrudecer, afirman fuentes de la Policía que conocen el perfil de los sindicados.
«Es preocupante la concentración de criminales de alta peligrosidad en un centro preventivo que no cuenta con las medidas de seguridad mínimas para cumplir con ese reto», refieren.
LOS LíDERES
Según se indica, cada clica tiene un líder que planifica diversos hechos delictivos desde la cárcel y son quienes dirigen a niños y jóvenes que gozan de libertad para llevar a cabo las fechorías.
El jefe del Sector 11 es Erick Humberto Contreras, alias El Abuelo, quien es catalogado como uno de los más temidos y peligrosos, sin embargo, en este rango también se puede calificar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, El Lobo; José Daniel Galindo Meda, El Criminal; Hans Ludovin Quintanilla, El Rabbit y Rudy Francisco Alfaro Orozco, El Smurf».
También se cataloga como de alto peligro a Marcos Daniel Estrada Ortiz, El Shark; Byron Eduardo Fajardo Revolorio, Black Demond; Emilio Chay Ramírez, Spiriy; Josué Alberto Mendoza Sente, Smooking; Eulogio Onelio Orozco Escobar, Spaw; José Alexander Hernández Ramos, Quick y Carlos Néstor Hernández Batres, Saily, entre otros.
En los archivos policiales se registran decenas de ingresos de los sindicados a la cárcel; algunos se encuentran de forma preventiva y pronto podrían recuperar su libertad por falta de pruebas o por contar con abogados que han llevado sus procesos legales anteriormente y que conocen la forma de sacarlos pronto de la cárcel.
Sin embargo, hay otro buen porcentaje que ya ha sido sentenciado, como en el caso de Francisco Alfaro Orozco, quien fue condenado a 99 años de cárcel.
Fuentes policiales indican que en estos casos sucede que el pandillero está consciente que como no saldrá de cárcel, únicamente busca tener privilegios y vivir cómodamente por medio de los actos fuera de la Ley que comete.
La forma de operar de los acusados se respalda por medio de al menos 150 células criminales en todo el país, que operan en colonias como El Limón, Lomas de Santa Faz, en la zona 18; Carolingia, El Milagro, Belén y La Brigada en Mixco; Chinautla y Santa Faz, en la zona 6; así como en Santa Catarina Pinula, San José Pinula y San Pedro Ayampuc.
CUMPLIRíN
De acuerdo con Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, aunque nadie está condenado a cometer los mismos errores del pasado, en el caso de los pandilleros es complicada, puesto que no cuentan con programas de rehabilitación que realmente les ayude a modificar su conducta delictiva.
«El ser humano como especie tiene la capacidad de cambiar para bien o para mal, nadie está condenado a ser o hacer lo que fue antes, pero en este caso si no hay procesos de rehabilitación esto no puede darse, el sistema carcelario en Guatemala es altamente débil por muchísimas razones, no sólo por los recursos, por las instalaciones y por la concepción con la que se trabaja, yo diría que las posibilidades de rehabilitación son escasas», afirmó el profesional.
Por su parte, la población guatemalteca y la Policía opinan que esas promesas no se cumplirán, al contrario, creen que en los próximos días puede haber un repunte de hechos delictivos.
Un investigador de la policía señala ¿Se imagina que van a hacer 366 mentes ociosas y juntas allí adentro? Nada bueno por supuesto, se responde a sí mismo.