A dos años de finalizar con el período presidencial de ílvaro Colom, diversos planes y proyectos no avanzan como se esperaba; entre ellos figura el cumplimiento del Acuerdo para el Avance de la Seguridad y la Justicia en Guatemala.
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Este pacto entre los presidentes de los tres poderes del Estado y el Fiscal General fue firmado el 15 de abril de 2009, teniendo como entes garantes de su cumplimiento al grupo denominado como G-4, en donde se incluye a las Iglesias católica y evangélica, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Sin embargo, a nueve meses de firmado el Acuerdo, que contiene 101 puntos, que ayudarán a mejorar el sistema de justicia, menos de la cuarta parte se han concluido y un número muy significativo ni siquiera ha iniciado con su ejecución.
Al respecto, Nery Rodenas, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ente representante de la Iglesia Católica en la revisión del pacto, afirma que ha visto muy poco compromiso de parte de las entidades encargadas y que el Gobierno ha trabajado de manera lenta para llegar a un buen fin.
Por su parte, Francisco Jiménez, secretario del Consejo Técnico para el Avance del Acuerdo de Seguridad y Justicia, asegura que la cantidad de acuerdos que continúan sin iniciar se encuentran en ese estado debido a que dependen de la finalización de los que se encuentran en proceso.
Sin embargo, a decir del secretario del Consejo Técnico, el reto que se presenta para el primer semestre de 2010 es poner en marcha los compromisos que se encuentran rezagados y lograr con ello resultados positivos.
Aí‘O PREELECTORAL
Una de las situaciones más preocupantes para Rodenas, es que el 2010 es un año preelectoral, lo que significa que se desviará la atención de temas importantes para centrarse en las campañas políticas. Además, considera que 2011 es un «año perdido», pues es cuando más intensamente se trabajará en la búsqueda de una victoria.
«Se han visto retrocesos en temas de seguridad», asegura el director de la ODHAG, quien prevé que se cuenta con sólo 10 meses efectivos de trabajo para ílvaro Colom.
Al respecto, Jiménez asegura que los compromisos que se obtuvieron con la firma de este pacto no forman parte de un plan de partido, sino de planes a largo plazo.
«El tema no debería afectar el acuerdo porque existe una agenda de país, los compromisos firmados van más allá de un plan de Gobierno», indica.
La razón que da el entrevistado es que se trata de temas como reforma estructural al sistema de justicia y seguridad, por lo que el compromiso es a nivel nacional y apoyado por una gran cantidad de fuerzas del país, por lo que este es un proceso que «va más allá de una etapa de gobierno».
LA FALTA DE RECURSOS
Según la explicación de Jiménez, el cumplimiento en dichos puntos tiene que ver con la capacidad de inversión, pues para 2010 se necesitaba un presupuesto de Q932 millones, pero, debido a la falta de ingresos, algunos de los temas se verán afectados.
A decir del entrevistado, uno de los puntos que tendrán dificultades para su desarrollo es el que tiene que ver con la remodelación y construcción de cárceles, así como el trabajo de modernización de las fuerzas de seguridad.
Actualmente, el Consejo Técnico prepara un documento programático que presente una propuesta presupuestaria multianual y con el cual se puedan «visualizar las necesidades para el cumplimiento del acuerdo», esto a largo plazo.
PELIGRO DE DESINTEGRACIí“N
El lento caminar del proceso de seguridad y justicia ha provocado diversas reacciones por parte de los garantes, dando como resultado la amenaza de una desintegración del G-4 como una manera de manifestar el desacuerdo en el manejo de los compromisos.
Rodenas indica que esto aún es estudiado por parte del cardenal Rodolfo Quezada Toruño, quien se encuentra preocupado por la cantidad de muertes violentas con que finalizó el año anterior. RENDICIí“N DE CUENTAS
Durante el año pasado se realizaron dos reuniones entre los firmantes y el G-4 en donde los primeros presentaron igual número de informes sobre el estado de los 101 acuerdos.
Al respecto, Rodenas asegura que se ha estado revisando la información proporcionada para evaluar de manera clara los avances y retrocesos en dicho proceso, dando como resultado, para el entrevistado, la certeza de un lento caminar.
Durante la última semana de enero se realizará una tercera reunión entre los presidentes de los tres organismos del Estado, el Fiscal General y representantes del ente de verificación, esto además para continuar con los encuentros mensuales que se habían planificado para una mejor atención al proceso de seguridad.