En Guatemala se cumplen dieciséis años de la firma del Acuerdo de la Paz “firme y duradera”, suscrito el 29 de diciembre de 1996 entre el Gobierno y las organizaciones insurgentes, ante la presencia y acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Gobiernos amigos, organismos internacionales y población guatemalteca. El acuerdo selló el final del conflicto armado interno, que se extendió durante 36 años (1960-1996) y es el último de un paquete de varios acuerdos operativos y sustantivos suscritos con anterioridad.

Durante la existencia del conflicto, la aplicación del proyecto contrainsurgente ejecutado por el ejército en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), provocó entre los pueblos indígenas y ladinos, miles de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados y refugiados. Los hechos de represión y terror que se vivieron aquellos años, resuenan en la historia social del país. Panzós, San Juan Comalapa, Santiago Atitlán, Chajul, Nebaj, Cotzal, Dos Erres, Chiquimula, Rabinal, Cobán, masacres, genocidio, cementerios clandestinos, torturas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tierra arrasada, violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

El conjunto de los Acuerdos de Paz, en particular los sustantivos, son un punto de partida para atacar radicalmente los graves e históricos problemas sociales, económicos, culturales y políticos de carácter estructural, que dieron origen al conflicto armado. O sea, son la ruta crítica para la construcción de una nueva Nación, que se supone genere más y mejores oportunidades para la gente, que supere los bajos indicadores de desarrollo humano que exhibe el país, que elimine la discriminación, el racismo, las desigualdades, que respete y garantice los derechos humanos, la diversidad étnica, cultural e idiomática.

Hoy día tenemos un profundo déficit en la construcción de la paz, en las cuatro administraciones de Gobierno pasadas, fue notoria la falta de voluntad política para hacer cumplir los Acuerdos de Paz, por ello, seguimos siendo una sociedad confrontada y  polarizada, violenta e intolerante, con indicadores económicos, sociales, políticos y culturales peores que los del pasado, es decir, que los costos de todo tipo ocasionados por la confrontación armada y sus causas, no lograron modificar el estado de cosas, absolutamente nada de nada. Hoy prevalece la inseguridad e intranquilidad, la incertidumbre e insatisfacción de necesidades, miseria, pobreza, enfermedad, desempleo, mortalidad, criminalización de las demandas y luchas sociales, conflictividad agraria creciente.
    
Los pueblos indígenas siguen marginados, reprimidos y excluidos sin la realización plena de sus derechos. El tema agrario no se resuelve, pese a la tensión existente, a la presión de grupos campesinos que exigen acceso a la tierra para producir alimentos, al vacío de legislación y la falta de voluntad política para aprobar la iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral. Los grupos sociales vulnerables –pueblos indígenas, mujeres, niñez, adolescencia, juventud– siguen excluidos y desprotegidos. La precaria situación socioeconómica existente, aflige a grandes mayorías de población; salario mínimo que no se cumple, altas tasas de desempleo, desnutrición y mortalidad materno infantil, reducido acceso a servicios de salud y medicamentos, son algunos de los focos de tensión que se pueden convertir en detonantes de situaciones más conflictivas.
    
Parece que no aprendimos la lección, que no sabemos apreciar el valor de la paz y que a los Gobernantes poco les importa atender y resolver los agudos problemas estructurales. La celebración de la paz no debe ser un simple acto de cambio de flor y de retórica política vacía, debe ser un compromiso constante para hacer cumplir los acuerdos, para construir paz con justicia, con equidad y no… ¡por inocente!
    
P.S. JOSÉ LUIS JÁCOME PINTO, dirigente sindical y universitario, víctima de ejecución extrajudicial, ametrallado en 1980 un día como hoy, por agentes de la dictadura militar contrainsurgente. 32 años de impunidad.