El presidente Evo Morales y cuatro prefectos opositores no lograron un acuerdo para pacificar Bolivia tras cuatro días de tensas negociaciones y acordaron una nueva cita para el jueves, mientras que campesinos pro gubernamentales incrementaron sus amenazas de bloquear regiones rebeldes.
Morales y los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni) no llegaron a un acuerdo sobre los distintos temas que han motivado una confrontación política que en las últimas semanas generó 19 muertos y protestas contra el mandatario en cinco de las nueve regiones del país.
«No vamos a dejar el diálogo, no vamos a romper el diálogo, creemos que hemos hecho importantes avances», afirmó el prefecto de Tarija, al cerrar esta fase de conversaciones que -según dijo- volverá a abrirse el jueves.
El optimismo opositor contrastaba con la desazón oficialista que esperaba ponerle la rúbrica a un entendimiento, ante la presencia de veedores internacionales de la ONU, la OEA, Unasur, la Unión Europea y las Iglesias católica y protestante antes del viaje de Morales a las Naciones Unidas este lunes.
Los prefectos «ponen en riesgo el diálogo; no hay avances sustanciales y hay retrocesos», afirmó el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, uno de los negociadores por parte del poder Ejecutivo.
La desesperanza llevó a esta autoridad a afirmar que «luego de cuatro días no hay señales para un acuerdo».
Los principales temas de confrontación son las autonomías que reclaman los opositores, la Constitución que el Gobierno quiere aprobar y un impuesto de hidrocarburos que el Ejecutivo recortó a las regiones.
Las divergencias surgieron sobre la nueva Constitución y las autonomías, pues mientras el gobierno exigió que la fecha tope para aprobar en el Congreso la convocatoria a referendo sobre la nueva Carga Magna debería ser a más tardar el 1 de octubre, la oposición afirma que esa fecha no permite realizar los cambios en el texto que se requieren.
El segundo elemento en debate fue cuál debería ser la arquitectura jurídica de las autonomías departamentales, demanda central de las regiones rebeldes, y qué roles y funciones deberían tener estas instancias de gobierno.
Mientras el diálogo transitaba por camino pedregoso, sindicatos campesinos pro gubernamentales anunciaron, como rechazo «a la actitud intransigente de los (cuatro) prefectos oligarcas», comenzar una marcha hacia la ciudad de Santa Cruz, feudo de la oposición, según dijo el dirigente campesino Fidel Surco.
Campesinos y colonizadores, que ya bloquean cuatro entradas a Santa Cruz -el departamento más rico de Bolivia y el que encabeza la oposición a Morales- anunciaron que radicalizarán el cerco contra esta región para presionar a los prefectos a firmar un acuerdo.
La protesta de estos sectores pareció recibir el apoyo implícito del presidente Morales, quien dijo el domingo que «el pueblo lucha por la unidad, por la igualdad» y que los pueblos originarios son «los que históricamente luchan por la justicia social».
La sombra del conflicto sobre Santa Cruz motivó que el prefecto de esta región, Rubén Costas, señalara que «no debe haber un boliviano más que muera producto de la violencia» y aseguró que los labriegos «serán bienvenidos» en la capital de ese departamento.
La preocupación por la situación en Bolivia llevó a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, a convocar para el miércoles en Nueva York a una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), aprovechando que los mandatarios participan de la Asamblea de las Naciones Unidas.
La cita será la segunda después de la que tuvieron nueve mandatarios el lunes pasado en Santiago, en una reunión de emergencia convocada por Bachelet, que ejerce la presidencia temporal del grupo regional.
Delegados de Unasur, bloque que en esa reunión decidió apoyar al gobierno del presidente Evo Morales y facilitar una mesa de diálogo, junto a representantes de la ONU y la OEA expresaron el lunes su deseo de que continúen las negociaciones entre oficialistas y opositores.