Buscan acuerdo con sindicato para abrir puertos de Costa Rica a privados.
La entidad pública que opera los dos puertos caribeños de Costa Rica espera alcanzar un acuerdo con el sindicato «antes de 60» días para reformar el contrato colectivo y poner en marcha un programa de modernización que destinado a abrir los muelles a capitales privados.
Los puertos caribeños de Limón y Moín, que mueven el 75% de las exportaciones del país, necesitan «urgentemente» inversiones y modernización, luego de años de estancamiento, dijo este martes el presidente de la entidad, Francisco Jiménez.
El gobierno de Oscar Arias busca abrir estos puertos a capitales privados, de modo de modernizar su infraestructura y operación, pues la entidad encargada carece de tal dinero y la ley prohíbe que contraiga deudas.
«La modernización es necesaria e indispensable», expresó Jiménez, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
Dijo que los puertos deben adaptarse a las nuevas condiciones del comercio mundial, incluidas la ampliación del Canal de Panamá y las exigencias de seguridad que Estados Unidos impuso tras los atentados de septiembre de 2001, que obligan a escanear en el punto de embarque el 5% de los contenedores para detectar explosivos, tóxicos y drogas.
La participación privada en los dos puertos pueda darse de diversos modos, incluida una concesión para la operación, agregó Jiménez, indicando que las empresas deberán invertir unos 760 millones de dólares en los próximos años.
Hasta ahora compañías de España y Singapur han expresado interés en invertir en los puertos caribeños de Costa Rica, que han atendido 2.124 barcos en 2008.
El principal escollo para la apertura de los puertos a privados es el sindicato, que rechaza una oferta de más de 50.000 dólares como indemnización individual para los casi 1.400 trabajadores, y exige medio millón de dólares para cada uno.
Jiménez dijo que confía en lograr un acuerdo con el sindicato «antes de 60 días», de modo de que una licitación internacional para construir un rompeolas de 900 metros, que será convocada en enero, atraiga a empresas interesadas en las obras y en la operación de los puertos.
Los ingresos estos puertos caerán un 15% en 2009, debido a un descenso en exportaciones de frutas por daños en cultivos de banano y melón por causa de las lluvias, y por una menor demanda derivada de la crisis financiera, dijo Jiménez.
La Junta, que es empresa portuaria y agencia regional de desarrollo a la vez, deberá contener sus gastos en 2009 para lograr equilibrio presupuestario, sin despedir personal y «sin tocar tarifas», dijo Jiménez.
La entidad enfrenta una pesada carga salarial, que consume el 55% de los ingresos, pues por cada estibador casi hay un empleado de oficina.
«Hay muchas tareas duplicadas, hay dos contabilidades, dos direcciones de recursos humanos, aunque hay un solo presidente ejecutivo», manifestó Jiménez.