Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un «acuerdo de principio» para poner en vigencia a partir de 2011 una «Tarjeta Azul» destinada a inmigrantes altamente cualificados, que busca rivalizar con la «Green Card» norteamericana, indicaron fuentes europeas.
República Checa y Bulgaria levantaron sus reservas durante una reunión de embajadores de los 27 miembros de la UE en Bruselas, lo que permitirá la adopción definitiva del proyecto a fines de noviembre, precisaron las fuentes.
La «Tarjeta Azul» entrará en vigencia 30 meses después de su adopción definitiva, precisa el acuerdo.
Esta condición fue planteada por República Checa, que no quería ver aplicada esta iniciativa hasta 2011, cuando cesen las restricciones de acceso de los trabajadores de los países del este de Europa a los mercados laborales de los «viejos» miembros de la UE.
La «Tarjeta Azul» tiende a regular la inmigración con fines profesionales y busca responder a las necesidades de mano de obra cualificada.
Para obtenerla, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, y asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Varios miembros de la UE obtuvieron la posibilidad de reducir a 20% la diferencia entre el salario prometido al inmigrante y el ingreso medio del país.
Si la idea se inspira en la «Green Card» norteamericana, la «Tarjeta Azul» no será sin embargo una autorización permanente ni un permiso de trabajo válido para el conjunto de la UE.
En cuanto a las críticas por la posible «fuga de cerebros» a la que podría dar lugar, los 27 prevén que «los Estados miembro deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos».
La «Tarjeta Azul» forma parte de un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios, entre ellas la polémica «Directiva Retorno» que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.
El paraguas político para estas iniciativas es el «Pacto europeo de Inmigración y Asilo», adoptado la semana pasada en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas, que recoge «principios fundamentales» para evitar «afectar los intereses de los demás» y para cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina.
El mercado español necesita a 100 mil trabajadores extranjeros cualificados hasta 2012 y hasta 300 mil inmigrantes anuales en total a pesar de la actual crisis económica, según un informe presentado hoy en Madrid.
A pesar de que la crisis «reducirá el flujo migratorio a menos de la mitad en tres años», con llegadas que oscilen «entre 250 mil y 300 mil nuevos residentes al año», España seguirá necesitándolos para cubrir puestos de trabajo, afirma el informe, que se basa en datos de la ONU, la OCDE y el Banco Central Europeo.
Pero el informe de la consultora Etnia Comunicación insiste en que un tercio de las ofertas de trabajo en España son para inmigrantes «cualificados», entre los que incluye a los «sectores tecnológicos, ingenierías, consultoría, sanidad y profesionales técnicos».
La mayoría de los cinco millones de inmigrantes que hay en España trabaja en los sectores de la hostelería, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, «perfiles de baja cualificación», según el informe.
A pesar de la necesidad de 430 mil trabajadores cualificados hasta 2012, el gobierno español no estudia actualmente mecanismos para agilizar la homologación de títulos profesionales de extranjeros, que dura en torno a dos años, indicó por su parte la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
Rumí subrayó en la presentación del informe que «la realidad» con la que trabaja el gobieno español es el «catálogo de ocupaciónes de difícil cobertura», que se ha reducido un 35%, anunció recientemente la secretaria.
El gobierno anunció hace un mes que la tramitación de contratos de trabajo para extranjeros que lleva a cabo con varios países, entre los cuales hay un catálogo de ofertas para puestos de difícil cobertura, bajaría debido a la crisis.
Unos 200 mil extranjeros obtuvieron en 2007 un permiso para trabajar en España a través de este tipo de contratación, frente a 180 mil personas en 2006, según datos de la secretaría de Estado de Inmigración. Entre enero y julio de este año se contrató a 88.180 personas.
Rumí sí coincidió en la «considerable necesidad en los sectores de la salud, ingeniería e informática».
«Empieza a ser acuciante» la falta de profesionales en el sector tecnológico, sobre todo en el área de internet y otros como los profesionales técnicos de media cualificación (producción, operaciones y mantenimento) y oficios manuales cualificados (electricistas y soldadores), según el documento.
El envejecimiento de la población española y los bajos índices de natalidad son los causantes de que España necesite mano de obra extranjera, aunque en menor cantidad a la actual, a pesar de la desaceleración que sufre su economía.
«Incluso en la hipótesis de crisis económica severa» se necesitaría una media de «157 mil trabajadores anuales»; «un descenso más acusado o un saldo migratorio negativo (…) tendría un impacto socioeconómico nuy negativo en España», advierte.
La crisis ha llevado a un importante aumento del desempleo, que pasó de afectar a 1,76 millones de trabajadores a mediados de 2007 a 2.530.001 un año después.
La desaceleración económica afecta más a los inmigrantes: en el segundo trimestre de 2008, la tasa de desempleo fue del 9,34% para los españoles frente al 16,46% de los extranjeros.
Esta situación llevó al gobierno español a adoptar en septiembre medidas para incentivar el retorno voluntario de los inmigrantes sin empleo, que incluyen el pago en dos veces de la totalidad del subsidio mensual de desempleo y microcréditos para ayudar a la reinstalación en el país de origen.