Los altos índices de criminalidad que asolan a América Central, con 18 mil homicidios al año, han significado un costo muy alto para los gobiernos, los ciudadanos y el sector privado, costos que representan al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) centroamericano, unos US$20,000 millones, según el Banco Mundial.
POR REDACCIÓN INTERNET
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En ese contexto, las empresas privadas de la región aparecen como un socio nuevo y bienvenido en la prevención del crimen, como lo demuestran algunas empresas de la región.
Respaldando innovaciones en el sector público y en la sociedad civil, las empresas pueden jugar un papel de transformación en la promoción de iniciativas para la prevención de la violencia con base en evidencia, señaló el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Hasan Tuluy.
Douglas Moreno viceministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública dijo que la comunidad empresaria centroamericana ha mostrado un interés en solucionar este problema desde un enfoque multisectorial.
Uno de esos ejemplos es Río Grande Foods, una compañía de distribución de alimentos que trabaja junto con instituciones religiosas, grupos comunitarios locales y el gobierno para reintegrar a los jóvenes a sus comunidades y en la fuerza laboral.
El presidente ejecutivo, Josué Alvarado, dice que la mayoría de pandilleros quiere salirse y un mejor futuro para ellos y sus hijos, pero deben encontrar una manera de ganarse la vida; su empresa trabaja junto a varias iglesias católicas del área como el primer contacto para aquellos interesados en recibir ayuda.
AES corporation, otra empresa energética multinacional, apoya a 200 millones de jóvenes en riesgo en la región e invierte en centros comunitarios en El Salvador, Panamá y la República Dominicana.
Para enfrentar este problema, el Banco Mundial publicó recientemente, junto a varios socios regionales, una guía práctica para mostrarle a las empresas cómo encarar la seguridad comunitaria.
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