El International Crisis Group advirtió en un reciente informe sobre Guatemala sobre los peligros del uso del ejército para el mantenimiento del orden público en el país, que se caracteriza por sus desigualdades económicas, como se evidenció con la matanza de pobladores de Totonicapán por parte de miembros del ejército el pasado 4 de octubre de 2012, donde murieron seis manifestantes y fueron heridos otros 30.

POR REDACCIÓN INTERNET
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La matanza de manifestantes fue una tragedia anunciada por aquellos que fueron por aquellos que han advertido desde hace tiempo contra el uso de las fuerzas armadas para mantener el orden público en un contexto de tensiones económicas y étnicas señaló la entidad en un nuevo informe sobre Guatemala “Totonicapán: tensión en las tierras indígenas de Guatemala”.

Mary Speck, analista del Crisis Group, señaló que las tensiones son elevadas en zonas indígenas sobre cuestiones tales como la minería y el acceso a la tierra, la electricidad y la educación.

De acuerdo con Speck, esto hace urgente que en el país se construyan fuerzas de seguridad civiles entrenadas para enfrentar las protestas sin recurrir a la violencia.

Las pobrezas aumentan, especialmente de la población indígena, mientras que una multitud de cuestiones avivan los conflictos en muchas zonas rurales; el pasado reciente de Guatemala hace de estos disturbios algo especialmente peligroso, señala el comunicado emitido por la entidad.

Sobre el caso de Totonicapán, punto de referencia del reporte, el Crisis Group señaló que aunque inicialmente el presidente Otto Pérez negó que los soldados hayan usado armas, el presidente hizo lo correcto al permitir a los fiscales llevar a cabo una investigación que resultó en cargos contra un coronel y ocho soldados del ejército.

Desde la tragedia de Totonicapán, el mandatario también se ha abstenido a enviar soldados armados a las manifestaciones, aunque su gobierno continúa usando el ejército para suplir las deficiencias de la policía nacional civil.

Según el Crisis Group, el gobierno necesita dar voz y participación a las poblaciones indígenas en la formulación e implementación de políticas que afecten su cultura y a sus medios de subsistencia; también necesita hacer de la reforma policial una prioridad, estableciendo un retiro del ejército de las funciones del orden público.

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