Las declaraciones desde Madrid (por medio de Internet) del embajador Máximo Cajal a un tribunal guatemalteco (en un juicio contra el expolicía Pedro García Arredondo, entonces jefe del llamado Comando 6), el 25 de abril pasado, hicieron aparecer de nuevo en los periódicos algunas opiniones sobre lo sucedido el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España en Guatemala, cuando murieron carbonizadas o asfixiadas, en el estrecho despacho del embajador Máximo Cajal, 37 personas.
El grupo estaba compuesto por siete diplomáticos y empleados de la misión; tres visitantes y los demás fueron ocupantes (cuatro estudiantes del Frente Estudiantil Robin García (FERG), 18 campesinos de Quiché del Comité de Unidad Campesina (CUC) y cinco activistas vinculados al CUC pero no originarios de Quiché). Sólo se salvaron, primero el abogado Mario Aguirre Godoy, quien logró escabullirse cuando los llevaron al segundo piso, a encerrarse en el despacho del embajador; el campesino, Gregorio Yujá Xoná (secuestrado después del centro hospitalario privado donde estaba recluido, y asesinado al día siguiente, siendo tirado su cadáver en el campus de la Universidad de San Carlos), y el propio embajador Cajal, con algunas quemaduras. Todavía hoy se discute quién o quiénes fueron los culpables del incendio, y cómo y por qué se inició.
Con el propósito de aclarar dudas, establecer conclusiones y recopilar documentación, publiqué mi libro, La tragedia de la Embajada de España en Guatemala, 31 de enero de 1980. Perspectivas, controversias y comentarios, que apareció en 2007.
El señor Ricardo Méndez Ruiz, hijo del entonces Ministro de Gobernación (quien sufrió un secuestro por parte de la guerrilla a fin de obtener la liberación de algunos combatientes detenidos), publicó en este mismo diario (24 de abril) un artículo titulado, “Cajal y Meoño los responsables” (aludiendo al embajador Cajal y a Gustavo Meoño), en el cual citó una entrevista-reportaje que me hicieron en elPeriódico, que apareció el domingo 13 de julio de 2008). En ese artículo dijo que yo afirmé en la entrevista aludida que G. Meoño (responsable entonces de acciones subversivas en la ciudad de Guatemala) ordenó la toma de acuerdo con el embajador. Cuando escribía mi libro le pregunté a Meoño si habían concertado llegar a la Embajada o si había existido un acuerdo previo con el embajador Cajal. Me respondió categóricamente que no y eso es lo que dije en mi libro en 2007 y en la entrevista en 2008.
Lo que pudo establecerse es que los guerrilleros y sus acompañantes estaban planeando, desde hacía días, tomar una misión diplomática. Esperaban que durante la ocupación, que duraría algunos días (llevaban comida y cobijas), denunciar a los periodistas que cubrieran el hecho, la represión que sufrían, y que el Ejército aceptara retirarse de Quiché. Meoño no sólo me negó que hubiera una sido acción concertada, sino que escogieron dicha misión porque era la que menos riesgos suponía: estaba al nivel de la calle (otras embajadas se encontraban en pisos altos de edificios o tenían vigilancia y un sistema controlado de acceso, en forma individual), no tenía vigilancia (porque Cajal había pedido que retiraran la Policía guatemalteca) y era (como decía entonces, con especial satisfacción, el embajador Cajal), “de puertas abiertas”.
Un hecho que despertó sospechas de algunas de las familias que perdieron a sus parientes cercanos aquel día, fue la coincidencia de hora en que se les dio la cita a los abogados, y la llegada, a los pocos minutos, de los ocupantes de la misión. Los tres juristas llegaron con el fin de solicitar ayuda a España para un Congreso de derecho procesal que se celebraría en Guatemala). Fueron Eduardo Cáceres Lehnhoff (exvicepresidente de la República), Adolfo Molina Orantes (excanciller) y Mario Aguirre Godoy (catedrático de derecho procesal civil). Los tres abogados llegaron puntualmente a la hora señalada por la secretaria del embajador y que les fue recordada por teléfono ese día.
En mi citado libro, La tragedia de la Embajada de España en Guatemala, hice comentarios y llegué a conclusiones sobre los hechos que estaban debidamente comprobados. Al respecto, véanse mis “Conclusiones y reflexiones”, en las pp. 234-248 de mi obra.
Coincido con lo expresado por Dina Fernández en su artículo en elPeriódico (30 de abril), que en lo ocurrido aquel día hubo “responsabilidad compartida”, y que la reacción gubernamental fue “monstruosa y no admite justificación”.
Considero sintomático que la noticia aludida al principio haya producido la reacción en cadena de varias personas. El hecho sigue vivo y continúan las versiones dispares. Publiqué mi obra a fin de contribuir al conocimiento serio de aquel hecho injustificable. Espero que muchas personas lo hayan leído y que quienes lo hagan en el futuro aclaren sus dudas. Mis palabras de hoy son para que aquellos hechos se conozcan y comenten serenamente. Las nuevas generaciones que no lo vivieron deben enterarse y recordar los excesos que se cometieron en la llamada “guerra interna”.
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*Abogado e historiador