En su calidad de reportero del Diario Siglo Veintiuno, Gustavo Soberanis Montes –actual director del Diario de Centro América DCA– denunció en 2001 los vicios en la licitación de proyecto de dragado en el Puerto Quetzal,
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En la que se involucraba a una empresa representada por la firma del actual interventor de la portuaria, Allan Marroquín.
Soberanis Montes firmó la nota “Dragado Puerto Quetzal: un proceso de licitación viciado”, publicada en octubre de 2001 en el matutino Siglo Veintiuno, en la que se denuncia una serie de anomalías en la etapa previa a una contratación estatal.
“Previo a la apertura de plicas para licitar el dragado de Puerto Quetzal, aparentemente todo estaba preparado para que las empresas oferentes fueran eliminadas sin mayor aspaviento, excepto la holandesa BALLAST NEDAM Dredging y su intermediaria Inmobiliaria y Comercial Centroamericana, S. A. (IMOCOM)”, refiere la publicación.
En la nota se consigna que la empresa europea no se encontraba inscrita en el Registro Mercantil, y aun con esa grave falta, no fue descalificada por la Junta de Licitación que conocía el proyecto.
La nota del ahora Director del DCA refiere: “Ese procedimiento se les había olvidado a los mandatarios judiciales, José María Marroquín Samayoa y Allan Herbert Marroquín Castillo, padre e hijo, respectivamente”.
“Al ser consultado sobre el particular, Marroquín Castillo aseguró no poder informar al respecto, pues él no estuvo presente en el proceso. “Pregúntele a mi papá”, remarcó”, se lee en la publicación.
De esa forma, “una a una fueron quedando descalificadas las firmas participantes en el proceso de licitación del dragado de Puerto Quetzal, efectuado el 22 de junio del año 2000 (…) Cinco por no haber otorgado mandato judicial en favor de un abogado guatemalteco y no estar inscritas en el Registro Mercantil, y una por no cotizar dentro de los parámetros del precio oficial estipulado”, advierte la publicación.
NO RESPONDE
Se intentó conocer más sobre la investigación y la denuncia realizadas años atrás por Soberanis, en vista de que ahora Marroquín Castillo es el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal y nuevamente se ha visto envuelto en una polémica por un dudoso contrato, aunque esta vez suscrito con una empresa de capital español.
El funcionario no respondió al llamado realizado a su despacho en el diario oficial, aunque ya se había informado a su secretaria sobre el motivo de la comunicación.
Durante la gestión de Soberanis al frente del DCA no se han efectuado publicaciones que señalen las dudas que giran en torno al “usufructo oneroso” otorgado por Marroquín Castillo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, filial de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).