Nuevos actos de corrupción que se registran en la Dirección General de Migración, atribuidos a personal de confianza del interventor Santos Cuc Morales, salieron a luz luego de que la semana anterior Diario La Hora informara la pérdida de Q120 millones a causa de la negligencia de sus autoridades.
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A consecuencia de una investigación realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la institución se descubrió que el subdirector de la oficina de Extensión de Documentos Internacionales, Héctor Corzantes extendió con fecha 4 de enero del presente año un pasaporte a nombre de Carmen Viviana Villareal Mero de nacionalidad ecuatoriana, estableciendo que la documentación presentada para el efecto es falsa.
La investigación también detalla que mediante los documentos presentados se indica a las autoridades que Villareal Mero nació en el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso, pero en otros aparece como nacida en la ciudad de Guatemala.
Otros documentos comparados por investigadores de Migración refieren que la señora Villareal Merlo contrajo matrimonio con Roberto Morales Quintana, según consta en el acta número 55 del libro 17 de matrimonios de San Antonio La Paz, El Progreso, mientras que el número de cédula de vecindad a nombre de Carlos Villareal, padre de Carmen Viviana le corresponde a Miguel Eustaquio Lara Cordero de 71 años, originario de la ciudad de Guatemala.
Como resultado de la investigación se estableció que la señora Villareal Mero cuenta con dos nacionalidades, una verdadera y otra falsa, siendo la última la guatemalteca por el trámite anómalo que empleados de Migración hicieron a cambio de dinero, cuyo monto aún no se ha establecido.
El informe elaborado por la jefa de la ORP de la Dirección General de Migración, licenciada Nidia Marila Rojas de Prinz destaca que el subdirector de Documentos de Identificación Internacional Héctor Corzantes actuó con clara negligencia e irresponsabilidad al autorizar la extensión de la permanencia en Guatemala de esta persona, pese a respaldar su solicitud con documentación falsa.
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Migraciónla acción ilegal cometida por Corzantes, considerado empleado de confianza del interventor Santos Cuc Morales es sancionada con prisión de cinco a ocho años inconmutables, lo cual no sucedió y por el contrario, continúa al frente de su cargo.
Rojas de Prinz solicita, además, la inmediata anulación del pasaporte número 110208000140944 a nombre de Carmen Viviana Villareal Mero, así como el inicio de la investigación en contra de los funcionarios responsables y su denuncia ante el Ministerio Público.