La semana pasada, seguramente como resultado de lo que se comentó sobre nuestro proceso de paz a raíz de la elección en Colombia, se produjo la coincidencia de que dos personas influyentes me preguntaran si creía que los acuerdos suscritos en tiempos de Arzú podrían servir para estructurar un gran acuerdo nacional que nos permitiera definir lo que algunos llaman un proyecto de nación. Mi respuesta fue que en el contenido de los acuerdos hay muchos elementos como para elaborar la agenda del gran debate que tendría que darse en Guatemala para superar ancestrales problemas que tienen una profunda raíz estructural y que, con todo y la firma de los acuerdos, siguen siendo tarea pendiente en el país.

Obviamente la Guatemala de hoy es distinta en muchos sentidos a la que existía cuando se discutieron esos acuerdos, pero los cambios más importantes los veo en una mayor amplitud para hablar de ciertos problemas, pero no en que nos pongamos de acuerdo sobre cómo resolverlos. Y a los dos amigos que me hicieron la pregunta les hice ver mi preocupación porque en Guatemala no hay realmente interlocutores que puedan ejercer una legítima representación a la hora de intentar un gran pacto o suscribir acuerdos como los que otros países asumieron para dar paso a una efectiva transición a la democracia y a la transformación social.
 
 Además, hay un notable desequilibrio entre los actores, porque mientras unos son parte activa del proceso de toma de decisiones y se reúnen religiosamente cada semana con el gobernante, como ocurre con el sector empresarial, los otros son ignorados y en no pocos casos considerados como revoltosos porque cuando quieren ser escuchados tienen que acudir a medidas de hecho toda vez que no tienen el derecho de picaporte que se otorga, sin excepción, en todos los gobiernos al poderoso e influyente empresariado.
 
 Guatemala no tiene partidos políticos en realidad sino apenas agrupaciones electoreras que no son efectivos instrumentos de intermediación porque el afiliado, si es que realmente existe, no es tomado en cuenta ni representado eficazmente por los dirigentes. Somos un país plagado de Organizaciones No Gubernamentales que en no pocos casos se convierten más en un medio de vida para quienes las organizan e integran que en un instrumento de representación social.
 
 En otras palabras, no tenemos clara una agenda sobre la que se pueda estructurar un acuerdo o pacto nacional, pero lo más grave es que fuera del sector empresarial y de las organizaciones sociales cuya actividad es criminalizada sin el menor trámite, no hay realmente con quién hablar porque nadie representa realmente a nadie. Los países que resolvieron sus diferencias mediante grandes pactos o acuerdos, gozaban de una fuerte organización política que garantizaba efectiva representación de las corrientes ideológicas, además de que sindicatos y gremiales patronales asumieron respectivamente sus compromisos sin que ninguno se creyera dueño de la verdad y, mucho menos, dueño del país.
 
 Ante esa perspectiva y realidad, las posibilidades de avanzar hacia un gran acuerdo se ven remotas y más cuando vemos que los grupos sociales tienen que acudir a medidas de hecho para hacerse oír y, cuando lo hacen, rápidamente se les señala de actuar al margen de la ley.