Mientras trabajan para proteger a grupos vulnerables, los defensores y activistas por los derechos humanos se encuentran en un franco riesgo de ser víctimas de violaciones a su integridad.
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El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), publicado recientemente, da cuenta de diversas denuncias presentadas respecto al peligro al que se exponen los defensores de derechos humanos en Guatemala.
El documento refiere que durante el año pasado se registró un aumento en las denuncias por ataques y amenazas contra miembros de organizaciones pro derechos humanos.
Según las Naciones Unidas, los activistas guatemaltecos presentaron 349 denuncias por amenazas y 343 por agresiones.
Las denuncias fueron realizadas a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que, además, denunció 16 casos de homicidio contra activistas de esos grupos.
CIFRAS
Otras cifras, registradas en el Ministerio Público, señalan que se cometieron 167 agresiones contra operadores de justicia, 87 contra activistas, 51 contra sindicalistas y 41 contra periodistas.
El magistrado de Conciencia, Sergio Morales, refiere que la Procuraduría de Derechos recibió este año denuncias de múltiples organizaciones que son objeto de intimidaciones y atentados contra sus integrantes.
La Procuraduría de los Derechos Humanos registró 412 denuncias por temas laborales, por lo que percibe un aumento en esta problemática.
Sobre el tema, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), señala que los actos de persecución hacia los activistas se dan por la labor que realizan sobre denuncias en contra de violadores de derechos humanos, quienes se incomodan y «acostumbrados a actuar al margen de la ley» accionan violentamente.
Rodenas señala que la desacreditación hacia el activista es otra técnica utilizada por los acusados, además de la intimidación, pese a ello, el representante indica que es importante que exista un trabajo en defensa de los derechos humanos que se enmarque en la defensa de un Estado de Derecho.
VíCTIMAS
Las denuncias dan cuenta que los ataques se dan principalmente en contra de defensores que trabajan en temas de justicia y derecho a la verdad, la mujer y la juventud.
La oficina de Naciones Unidas instalada en Guatemala recibió denuncias sobre intimidación, uso excesivo de la fuerza y uso arbitrario del sistema penal contra defensores de derechos colectivos, ambientales y derechos económicos, sociales y culturales, en especial en lo relacionado con megaproyectos y empresas de extracción de recursos naturales.
La mayor parte de las denuncias se presentaron en Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Quiché, San Marcos y Zacapa; en estos lugares la situación se agrava debido a la presencia del crimen organizado, pocos avances en los procesos penales y la falta de medidas de protección efectivas.
El representante de la ODHAG da a conocer que los principales casos de amenazas se dan hacia personas vinculadas con el genocidio, aquí se señalan a víctimas, antropólogos forenses, oficiales del Ministerio Público; esto sucede, dice el entrevistado, porque quienes están detrás de los asesinatos son miembros de grupos de poder.
Por su parte el PDH señala algunos de los grupos que han recurrido a la PDH para denunciar amenazas, entre ellos destacan el Frente Nacional de Lucha, Central General de Trabajadores en Guatemala y la Unidad de Acción Sindical y Popular, quienes han recibido amenazas e incluso denuncian el asesinato de algunos colaboradores.
Para el Procurador, el panorama de violencia de años anteriores continúa, pues se hacen públicas «graves denuncias» sobre todo señalando a grupos involucrados en asesinatos colectivos, como los sucedidos durante el conflicto armado interno.
«Hay una serie de denuncias sociales que se activan en el país y que tienen que ver con servicios públicos», señala el Morales. Indicando además que son amenazadas todas aquellas personas que buscan proteger los derechos sociales, el medio ambiente.
SOLUCIONES
En 2007 se creó la Unidad de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, esta es liderada por el Ministerio de Gobernación y trabaja de manera interinstitucional con el objetivo de identificar las amenazas y responder a los ataques contra activistas pro derechos humanos.
A pesar de esto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos motiva al Gobierno guatemalteco para que adopte medidas que permitan crear y fortalecer sistemas, y promueva acciones estatales para prevención y protección integral de los defensores.
También se recomienda la sensibilización de los funcionarios públicos, la sociedad civil y la opinión pública sobre el rol que cumplen los activistas de derechos humanos en la búsqueda de la democracia y el Estado de derecho.
Por otro lado, y en vista del alto índice de acoso hacia los defensores, la Embajada de España, como representante del país que ocupa la presidencia temporal de Unión Europea presentó ante organizaciones pro derechos humanos, una estrategia local, con la cual se busca dar protección a este sector objeto de amenazas, crímenes e impunidad.
Con este proyecto, la UE reitera su reconocimiento sobre el papel de los defensores, además de mostrar su respaldo a la labor que realizan, en especial por documentar la violación a los derechos humanos y contribuir a que las víctimas sean escuchadas. El plan contempla la asistencia oportuna de las embajadas de los países miembros de la UE en Guatemala a los defensores que la soliciten.
Por su parte, Rodenas solicita que el sistema de justicia actúe adecuadamente y que su administración sea bien ejecutada, pues son ellos los encargados de velar por el cumplimiento de la verdadera justicia.
Para el magistrado de conciencia, es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de los defensores de Derechos Humanos, pues los entes encargados deben identificar a quienes realizan estos actos, debido a que si persiste la impunidad, esto va a seguir ocurriendo, indica.