Desde noviembre de 1996 y más concretamente, desde marzo de 1997 con la vigencia de la Ley y del Reglamento, respectivamente, en lo atinente a la prestación de este estratégico servicio -el de la energí­a eléctrica- ésta es la primera vez que ocurre un conflicto de intereses que coloca a una empresa comercial en contraposición con el ente regulador.

Se han desatado toda una suerte de paranoicas conjeturas respecto a una eventual intención de «estatización» de la distribuidora, ahora en manos de españoles y norteamericanos. Si tales presunciones tienen un atisbo de realidad, lo paradójico serí­a que tales intenciones provendrí­an de los propios directivos de la distribuidora supuestamente damnificada.

El Valor Agregado de Distribución, VAD, objeto de la controversia, inició su vigencia el uno de agosto de este año. La primera de estas tarifas se aplicó a partir del mes de mayo de 1997, según indica el Decreto Número 93-96, que contiene la Ley General de Electricidad. Ni la ley ni el reglamento obligan a la Comisión Nacional de Energí­a Eléctrica, CNEE, a acatar el resultado que derive de la revisión que resulte del estudio de la comisión pericial, de hecho el imperativo es para la distribuidora. Curiosamente desde mayo de 1997 a la fecha no habí­a habido una tarifa VAD que fuese objeto de polémica. Porque curiosamente hasta hace poco tiempo la CNEE habí­a estado dominada por el sector empresarial y su independencia inexistente.

Hoy, los azuzadores defensores del mercado, ponen el grito en el cielo y casi se desgarran -en sentido figurado claro- las vestiduras para alertar de un trasfondo polí­tico de intervención estatista y de tráfico de influencias para empañar la independencia de los actuales integrantes de la CNEE.

Me pregunto si la representación legal de la EEGSA, al no compartir los criterios de la CNEE, en este asunto, ya efectuó las acciones administrativas que la ley le faculta y si ya emprendió tales actos y, vaya sorpresa, la autoridad superior, le respondió en sentido negativo, para que sirvan esas resoluciones de fundamento y negarse a facturar, provocando con ello una desafiante actitud que a su vez podrí­a tener la intención de «oscurecer» la dinámica productiva de los municipios y departamentos en donde se concentra la mayor actividad del paí­s.

Los artí­culos constitucionales 120 (intervención de empresas que prestan servicios públicos); el 129 (electrificación) y el 130 (prohibición de monopolios), están aguardando para ser observados plenamente y hacer que impere la ley en este escabroso asunto. La acción de ayer por parte del Procurador de los Derechos Humanos, de acudir en acción de amparo para proteger a los cientos de miles de usuarios de este servicio público es atinada y correcta.

Si la libertad del individuo como el fundamento que dice sustentar el neoliberalismo es en efecto la fuente para tales razonamientos: ¿Por qué ahora que está de por medio la libertad de los usuarios de la distribución de energí­a eléctrica, a contar con un servicio de calidad y accesible, arriesgado no por la autoridad estatal, como algunos nos quieren hacer creer, sino por la incompetencia de la distribuidora; no se cacarean los mismos argumentos en defensa de quienes somos mayorí­a y estamos siendo ví­ctimas de un desafí­o que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad del paí­s? Resulta entonces que nuestro ejercicio de libertad, en tanto consumidores, es menor que el ejercicio de la libertad de la distribuidora para imponerse arbitrariamente. Con esa lógica ya entiendo el porqué los paí­ses más desarrollados están volviendo a ver hacia sus Estados para regular adecuadamente las arbitrariedades del mercado.