El sábado anterior me refería en este espacio a aspectos generales referentes a que Guatemala es un país inmensamente rico, pero que los políticos y funcionarios corruptos que ocupan cargos clave durante cada período gubernamental no han llevado a la quiebra al Estado, aunque cientos de miles de guatemaltecos viven en condiciones infrahumanas.
Cabalmente la tarde de ese día leí el penúltimo Informe Guatemala, de la Fundación DESC, que abunda en detalles respecto a la desigual distribución de la riqueza, al indicar que ciertamente nuestro país es extraordinariamente rico, pero que la riqueza está concentrada en monopolios.
Entre los poderosas organizaciones empresariales que controlan la riqueza, el documento enumera las sociedades que conforman oligopolios, que incluyen ingenios azucareros, empresas agroindustriales, sociedades financieras, empresas cementeras, canales de televisión, consorcios de fabricación de cerveza y licores, grupos de medios impresos.
Afirma el informe que «con la sartén por el mando», estos y otros grupos empresariales tienen el poder sobre las instituciones del Estado y en organizaciones políticas, el control de la información y el condicionamiento sobre poderes locales y grupos sociales.
Ante estos poderes fácticos, los gobiernos tienen un margen de acción extremadamente limitado, condicionado a los intereses de aquellos monopolios y oligopolios, y de ahí que los tímidos intentos que se han hecho para realizar reformas tributarias destinadas a incrementar los ingresos del Estado, para hacerle frente a las numerosos necesidades de la mayoría de la población, siempre quedan en el camino y hasta generaron frustrados golpes de Estado.
El análisis asegura que la alternativa al statu quo proveniente de sectores sociales y políticos quedó sumamente debilitada y dividida como consecuencia de la guerra interna, a lo que se suma una suerte de sucesivas cooptaciones y limitaciones en el ejercicio de los gobiernos elegidos, desde 1985. Señala que las coyunturas de convergencia de estos sectores sociales han sido de corto aliento y no se vinculan, precisamente, a los procesos electorales, y desde el Organismo Ejecutivo la tendencia del poder político es de inclinarse por algunos de los grupos de poder económico.
Advierte el documento que en Guatemala la democracia es débil porque no satisface las expectativas de una mejor vida para la mayoría de la población empobrecida; pero también por la decepción que le transmite la inseguridad que se vive diariamente.
Ciertamente ?admite- el ejercicio electoral forma parte del proceso de relevo en el contexto del sistema adoptado por Guatemala en su marco constitucional, el cual, cada cuatro años, es el centro de la coyuntura política; pero la democracia no debe estar circunscrita al voto, sino que debería implicar el funcionamiento de instituciones que hagan valer el estado de Derecho en beneficio de la sociedad.
(El tendero Romualdo Vavozo le comenta su compadre Fofo Teyo respecto a candidatos financiados por poderosos grupos económicos: El problema no es que nos mientan cada cuatro años?el problema es que les creemos).