El artículo que publiqué el sábado anterior acerca de las declaraciones públicas del Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Contratistas provocó una tormenta -no de agua, afortunadamente- de acotaciones en el blog de La Hora, mediante las cuales los lectores coincidieron en varios aspectos, sobre todo en lo que atañe a que la responsabilidad del mal estado de carreteras y puentes la comparten técnicos y profesionales que participan en estudios, planeación, proyectos, construcción, operación y conservación de esas obras, así como personeros de empresas constructoras, conjuntamente con funcionarios de alto y mediano rango en el Ministerio de Comunicaciones, porque todo el meollo del problema del deterioro de la red vial, aunado a las fuertes precipitaciones pluviales, se reduce a una sola palabra: corrupción.
  Cualquiera que resida a inmediaciones de una carretera de primer o segundo orden, puede aseverar que en su construcción o reconstrucción no se utilizaron materiales de primera calidad, igual que en los puentes adyacentes; no se adoptaron medidas preventivas en los trabajos de declinación de cerros o taludes, y pueden dar fe de que los tramos carreteros de sus colindancias se deterioraron a los dos o tres años de haberse construido. De esa cuenta, era previsible que al sobrevenir un invierno tan copioso como el actual, ocurran derrumbes, destrucción de puentes y carreteras, por el irrespeto y falta de aplicación de normas y estándares de calidad establecidas para la construcción de infraestructura vial y planeación urbanística, como lo señaló el Consejo Ecuménico de Iglesias Cristianas, que demanda que se investigue a las empresas constructoras.
  La cifras que proporcionó esa organización religiosa muestra datos alarmantes, puesto que hasta el momento de su información, además de los fallecidos, habían 40 mil personas en riesgo, más de 51,500 afectadas, 15 mil y pico de hectáreas de cultivos arruinadas, 64 puentes destruidos o dañados y extensos tramos carreteros colapsados.
  Al retornar al tema principal de éste y el anterior artículo, no me acuerdo de las veces que me he referido a que el poderoso CACIF, con justa razón, ha insistido en muchas ocasiones acerca de lo imperativo de transparentar el manejo del presupuesto nacional, para que, entre otros objetivos, se abandone la añeja y enraizada práctica relacionada a que funcionarios públicos exijan comisiones a las empresas contratistas del Estado; pero con igual énfasis debería dirigirse a todos los empresarios asociados suyos que realizan negocios con el Gobierno, exigiéndoles que no se conviertan en el otro lado de la perversa medalla de la corrupción, porque es tan simple deducir que si no hubiese corruptores no sobrevivirían los corruptos.
  Cabalmente esta mañosa actividad ilícita que campea en casi todos los estratos del Estado, en el caso de la pésima construcción y reconstrucción de carreteras, es la principal causa -acompañada de fenómenos naturales propios del inicio del cambio climático- de que se ejecuten obras de baja calidad y costo, porque si anteriormente al período del presidente Portillo las «mordidas» eran del 10%, durante el mandato de este político las coimas subieron al 15 y 20%, siguieron en ascenso bajo el gobierno del presidente Berger, y actualmente las comisiones exigidas superan el 30%, de suerte que es «normal» que funcionarios del Micivi señalen que recibieron en óptimas condiciones un tramo carretero en mal estado o un puente deteriorado antes de su vida útil.
  (El contratista de carreteras Romualdo Tishudo le pregunta su mujer: -Si yo muriera bajo un derrumbe a causa de no haber hecho bien un talud ¿llorarías mucho por mí? La doña replica: -Por supuesto; vos sabés que yo lloro por cualquier tontería).