Este inicio de año ha sido en realidad patético tomando en cuenta la suma de acontecimientos que plantean el deterioro sistémico de la vida democrática en el país. Primero fue el sainete alrededor del ataque contra la Vicepresidenta de la República que se convirtió en “el tema” durante varios días por la sucesión de dimes y diretes entre quienes fueron acusados de promover el atentado y quienes afirmaron que el mismo no hubiera sido posible sin complicidad de las mismas autoridades, aparte de que surgieron disputas sobre qué polvo fue lanzado y el nivel de daño físico, al punto de que el mismo fue razón para que el Presidente suspendiera un compromiso internacional en Davos.

En medio de ese contexto, se produce el enfrentamiento entre el Gobierno y el diario elPeriódico que aflora con energía luego de que tanto el Presidente como la Vicepresidenta acuden a la justicia ordinaria para pedir castigo contra José Rubén Zamora por las publicaciones que se hacen en la sección de chismes del rotativo. Nacional e internacionalmente las reacciones no se hicieron esperar, tanto que se vieron obligados a anunciar el desistimiento para permitir que el caso sea juzgado en el marco de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero el daño al Gobierno fue irreversible.
 
 Luego hizo su aparición Joviel Acevedo con una masiva movilización del magisterio que no sólo puso de rodillas a los diputados de todas las bancadas, sino que además evidenció la complacencia de las autoridades encargadas de velar por el orden público que no movieron un dedo para impedir la toma de la vía pública para detener el tráfico normal de las personas. No contentos con la ampliación presupuestaria que convenía a los maestros, salubristas y al Gobierno, decidieron seguir en paro dañando a los alumnos, mientras en la sociedad empezaron a surgir voces sobre el absurdo de un aumento que no se traduce en mejora de la calidad educativa.
 
 Por si ese clima de agitación no fuera suficiente, el Gobierno ha reaccionado airadamente ante una decisión del Congreso de los Estados Unidos para condicionar cualquier tipo de ayuda a Guatemala al cumplimiento de compromisos para resarcir a los afectados por la construcción de la presa en Chixoy, además de exigencias relacionadas con el tema de las adopciones. El mismo gobernante que se apresuró a apoyar a Obama cuando había anunciado que atacaría unilateralmente a Siria, ahora ha adoptado un tono de celosa defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier condicionamiento a la ayuda. Hay que entender, por supuesto, que cuando se trata de ayuda, cualquier país puede, soberanamente, decidir a quién ayuda y a quién no y las razones para hacerlo o dejarlo de hacer.
 
 Ahora el tema de la Fiscal General de la República, cuyo mandato es acortado por una Corte de Constitucionalidad cuya credibilidad anda por los suelos desde hace buen tiempo, por la evidencia de que los poderes paralelos tienen derecho de picaporte para asegurar resoluciones favorables de la CC, agudizando de nuevo tensiones con la comunidad internacional y generando nueva polarización por lo obvio del manoseo.
 
 En otros países tanta crisis pondría a la gente con los pelos de punta. Aquí ya nos acostumbramos y todo lo oímos como oír llover.