Las leyes aprobadas recientemente en Arizona contra personas indocumentadas son el principal factor para impulsar una campaña de acoso por parte de grupos como Minuteman -gente armada con objetivos racistas- cuyas acciones no están claramente definidas por el orden jurídico de Estados Unidos.
Miembros de organizaciones hispanas y comentaristas de diferentes medios de comunicación se refieren a la forma en que se afectan los derechos humanos de migrantes laborales cuando los integrantes de Minuteman permanecen afuera de centros comerciales y de oficinas que proporcionan trabajo a migrantes, utilizando cámaras de fotografía y videos con el propósito de amedrentar a quienes contratan fuerza de trabajo hispana.
El hecho de aprobar la Ley HB 2779 que establece sanciones contra empleadores de migrantes, así como la suspensión o revocación de licencias comerciales ha originado problemas a la población estadounidense pues no pueden dar trabajo en forma eventual a quienes, con destreza, cortan el césped, realizan labores de plomería, y otras actividades. Los más afectados han sido los propietarios de granjas agrícolas pues son los jornaleros hispanos quienes levantan las cosechas y lo hacen con la adecuada experiencia sin ocasionar costos de capacitación. Hombres y mujeres laboran para recibir un salario y confirman lo siguiente: la nación receptora de migrantes, en este caso Estados Unidos, reciben beneficios de la migración laboral.
Quienes asumen ser simpatizantes de la Ley HB 2779 y plantean el rechazo de mujeres y hombres hispanos en Estados Unidos, básicamente en Arizona, lo hacen sin un análisis de la realidad socieconómica de su propio país. Su principal argumento es la discriminación, con lo cual vulnera normas estadounidenses y de carácter internacional. Sólo de esa manera se puede explicar la preocupación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, pues ante el cierre de tiendas y negocios por falta de trabajadores, así como la migración interna a diferentes estados, se afecta en general la economía de Arizona.
El Congreso de Guatemala, a través de la respectiva comisión de migrantes, debe adoptar una actitud activa para determinar si se violan los derechos humanos de guatemaltecas y guatemaltecos o si se agreden protocolos o convenios internaciones firmados por Estados Unidos relacionados con derechos humanos. Esta actividad determinará el clima xenofóbico y de odio también generado por las campañas políticas.
La Ley HB 2779 es parte de la normativa contra los migrantes laborales en Arizona. También se encuentra vigente la Ley SB 1265 la cual establece que el sistema judicial puede negar el derecho a fianza a un indocumentado; y la Ley 2464, la que obliga a declarar bajo palabra a ser residente legal o ciudadano estadounidense para beneficiarse de algún programa.
Es necesario ubicar a Estados Unidos como un país de inmigrantes. Incluso se concibe de esa manera con el lema de e pluribus umun (de muchos uno). También puede afirmarse que la gran mayoría de estadounidenses no ven a los migrantes como un tema que afecte su seguridad nacional.
La fuerza de trabajo hispana en Arizona es necesaria. La realidad cotidiana lo ha demostrado. Esta situación ha permitido a políticos y otros sectores de la población, analizar la posibilidad de no aplicar esas leyes. Es conveniente, entonces, fortalecer los procesos de diálogo para encontrar soluciones que permitan la adecuada documentación de quienes únicamente desean un trabajo sin afectar a nadie en el estado de Arizona.
Los gobiernos de América Latina deben otorgar especial prioridad al trazo de políticas migratorias integrales con proyectos de financiamiento para las regiones con altos índices de emigración y eliminar el criterio de ver a los diferentes flujos migratorios como válvulas de escape a la problemática socioeconómica. Ciudadanas y ciudadanos de cada nación latinoamericana tienen el derecho de emigrar, pero también tienen el derecho de permanecer en sus países con trabajo digno.
Mujeres y hombres hispanos en Arizona, integrantes de la migración laboral no pueden ser agredidos por nadie y quienes usurpan funciones que corresponden a las autoridades, deben ser sancionados de acuerdo con las leyes. Las acciones de violencia tienen implicaciones que, posteriormente, serán difíciles de detener.