Pese a la negociación directa entre el gobierno y sectores empresariales para decidir cambios a la reforma fiscal aprobada hace un año por el Congreso a instancias del nuevo régimen de Pérez Molina, se continúan presentando acciones legales ante los tribunales para impedir la vigencia de una ley que, por lo visto, tiene más agujeros de los que sus promotores quisieran y evidencia que hubo un proceso atropellado de aprobación, lo cual es delicado porque se podría dar el caso de que con lo que cuesta aprobar cualquier modificación tributaria, el esfuerzo realizado termine siendo insuficiente por descuido tanto de los ponentes de la iniciativa como de los diputados que la aprobaron.

Pero aparte de las cuestiones legales que cuestionan los grupos empresariales desde distintas perspectivas y que comprometen la certeza en materia fiscal, hay que decir que el trabajador en relación de dependencia es posiblemente el más castigado con la modificación y además la eliminación del crédito del Impuesto al Valor Agregado tendrá algún impacto en la recaudación, puesto que por muchos controles que mantenga la Superintendencia de Administración Tributaria, ninguno es tan eficaz como el que el consumidor exija su factura y eso únicamente lo hará en la medida en que puede recibir algún beneficio a cambio.
 
 Vivimos en un país en el que no sólo se carece de cultura tributaria, sino que hay una marcada tendencia a la evasión, alentada además por la certeza de que los fondos públicos son objeto de pillaje por medio de la sostenida y generalizada corrupción. En teoría, las leyes antievasión y las severas penas que se aplicarán a quien no extienda la factura respectiva serán suficientes para contrarrestar la eventual baja que pueda provenir de que quien adquiere bienes o servicios buscará proveedores que le rebajen el IVA porque no dan factura.
 
 Con una economía tan informal como la que existe en Guatemala, es obvio que habrá muchas facilidades para que se incremente el flujo de comercio y servicios en el marco de la informalidad. Las empresas serias no dejarán de facturar, pero la oferta de servicios y bienes sin factura aumentará en los negocios más pequeños y dispersos, menos sujetos a los controles de la autoridad tributaria.
 
 El tiempo dirá si fue acertado el cálculo del Ministerio de Finanzas al eliminar el crédito del IVA a los trabajadores en relación de dependencia para obtener más dinero de ellos en el Impuesto Sobre la Renta y perderlos como eficaces instrumentos de control para el Impuesto al Valor Agregado.
 
 Lo cierto del caso es que entre dimes y diretes, pareciera como si el paquete fiscal aprobado tiene más agujeros que un trozo de queso suizo.

Minutero:
 Entre tanto caradura
 puede ser una imprudencia
 desvalorizar la factura
 para el trabajador con dependencia