Más allá de la denuncia presentada ante el Ministerio Público en contra de personeros del diario El Periódico por los asesores del Director de la Policí­a Nacional Civil, lo preocupante de ese tema es que quienes actúan al margen de la ley quieren presentarse como ví­ctimas en vez de lo que realmente son. La denuncia ante el MP no tiene relevancia porque legalmente no tiene ningún fundamento ni sustento, pero sirve para demostrar cuán absurda es la realidad guatemalteca, en donde no es cuento que los patos le tiran a las escopetas.

Y lo peor de todo es que ello ocurre ante la indiferencia, que en este caso se convierte en abierta complacencia, de las más altas autoridades del paí­s que no quieren entender ni reconocer el daño que significa para la sociedad su error al haber recurrido a la conformación de grupos de asesinos a los que se encomendó una supuesta limpieza social.

Hoy mismo una columnista de Prensa Libre señala lo que significan las mentiras criminales, referidas a acusaciones de mala fe hechas ante el Ministerio Público en contra de personas inocentes que no han violado la ley pero que se ven expuestas porque alguien, por venganza o razones similares, hace una denuncia anónima ante un fiscal y éste inicia el procedimiento contra el señalado. Debe saberse que lo mismo ocurre cuando los anonimistas acusan a alguien ante «poderes superiores» que son los que autorizan las listas de ejecuciones encomendadas a los miembros de los escuadrones especiales que funcionan en el aparato de seguridad del Estado, con la diferencia de que en esos casos la ví­ctima de la mentira criminal no pierde su buen nombre y prestigio, sino la vida misma.

La actitud misma del Director de la Policí­a Nacional Civil al acusar al diario de haber expuesto la vida de sus asesores al haber publicado la fotografí­a en la que aparecí­an cual criollos Rambos en el operativo de Pavón, que por cierto dará todaví­a mucho de qué hablar, es digna de rechazo y debiera haber provocado una reacción del Gobierno para desautorizar la absurda y peregrina idea del jefe policial. En cambio, el silencio del Presidente de la República y del Ministro de Gobernación ante la actitud del director de la PNC es un aval a sus declaraciones y nos viene a confirmar que en esto de la limpieza social no hay acciones aisladas de grupos o individuos que actúan por su cuenta, sino que se trata de una polí­tica aprobada, o por lo menos tolerada, por las más altas autoridades del paí­s.

Lástima grande que la sociedad no quiera reconocer que en esa estaca de la limpieza social cualquiera puede ser sentado tarde o temprano y que cuando se quiere salir de los esbirros, será demasiado tarde y el daño ya será irreparable. Pero queda en evidencia, con todo esto, que es una polí­tica apañada, por lo menos, al más alto nivel.