Con parecidas palabras inicia la introducción de un documentado informe de la organización Impunity Watch (IW) presentado recientemente (imposible de resumir en su totalidad en este espacio), subrayándose que el objetivo central es apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la impunidad.

El análisis de IW comprende, además de la introducción, los capí­tulos referidos al derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a las reparaciones, las medidas de no repetición, conclusiones y recomendaciones.

En lo que atañe al primer capí­tulo, el informe señala los obstáculos enfrentados para conocer la verdad de lo acontecido durante la guerra en Guatemala, calificado como «uno de los enfrentamientos armados más violentos y horrendos de América Latina», se incluye la falta de reconocimiento polí­tico y difusión del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), y en tal sentido el Estado de Guatemala ha incumplido compromisos suscritos en los Acuerdos de Paz y en la Ley de Reconciliación Nacional en términos de hacer posible «el conocimiento de la verdad histórica acerca del perí­odo del enfrentamiento armado».

También se observa poca disposición del Estado para buscar a las personas desaparecidas, que es una de las áreas en las que menos avances se han registrado con relación al derecho de las ví­ctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero, además del escaso apoyo del Estado para respaldar el trabajo de exhumaciones que realizan organizaciones técnico-forenses de la sociedad civil, y para localizar los cementerios clandestinos y ocultos.

El documento de IW -que es una iniciativa internacional de investigación e incidencia polí­tica que persigue reducir la impunidad en casos graves de violaciones a los derechos humanos en paí­ses post-conflictos- puntualiza que otro obstáculo para conocer la verdad lo constituye la falta de colaboración del Ministerio de la Defensa para abrir los archivos del Ejército.

Precisa IW que aunque la Constitución Polí­tica y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala garantizan el derecho al acceso a la información pública (al margen de la ley que sobre el tema recientemente aprobó el Congreso de la República), las autoridades judiciales enfrentan limitaciones para obtener información relacionada a las actividades del Ejército durante la guerra.

El Ministerio de la Defensa -subraya IW- niega sistemáticamente información solicitada por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, argumentando que se trata de información confidencial que «pone en riesgo la seguridad nacional», sin especificar en qué consiste ese riesgo. Adicionalmente, varios de los archivos militares han sido destruidos y sustraí­dos, como ocurrió en el disuelto Estado Mayor Presidencial, en el que funcionaba la unidad denominada la Regional o el Archivo, que se encargaba de recolectar, analizar y sistematizar información sobre personas consideradas enemigas del Estado.

El Estado de Guatemala ha dado pasos importantes en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna -admite el análisis de IW-, pero muestra poca voluntad para garantizar el derecho de las ví­ctimas a la verdad, al no suscribir oficialmente el informe de la CEH ni ha promovido su difusión, como tampoco ha rendido cuentas sobre el paradero de los miles de desaparecidos durante el conflicto armado, ni ha garantizado el acceso a la información documental y a los archivos que contienen información para esclarecer las violaciones a los derechos humanos e iniciar procesos judiciales, como el caso de los archivos militares.

(Romualdo asegura que en una revista castrense leyó este anuncio: A causa del intenso frí­o y las copiosas lluvias se suspenden las maniobras militares programadas para el mes entrante).