El Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) considera que existen avances en justicia al incrementar la cantidad de investigaciones hechas con prueba científica, y al impulsarse reformas legales para disminuir la mora judicial. Por otro lado, recomienda que se revise el marco legislativo en materia de minería.

El informe de ACNUDH, presentado ayer, dio a conocer que en comparación con 2010, existe un incremento en un 15% de las solicitudes de pruebas científicas hechas por Ministerio Público (MP) al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), lo que evidencia que las acusaciones  dejaron de estar basadas principalmente en prueba testimonial.
 
Esto, según el informe, ha dado como resultado  un incremento del 6,47% en el número de acusaciones con respecto a 2012, así como un  aumento del 9,4% en el número de personas condenadas.

También se señala que para mejorar la persecución penal fue clave la creación de la Dirección de Análisis Criminal.

Por otro lado, acerca del Organismo Judicial (OJ) indica que se dieron pasos importantes en materia de infraestructura y que se avanzó en la elaboración de  propuestas de reforma legal que buscan disminuir la mora judicial en la jurisdicción civil, familia,  laboral, niñez y adolescencia.

RECOMENDACIONES

En materia de justicia, la ACNUDH recomienda al Estado que asegure que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuente con el presupuesto adecuado; que por el rol que ejercen los juzgados y tribunales de mayor riesgo en el combate contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), continúe fortaleciéndolos.

También llama a que el Congreso de la República nombre a los miembros del Consejo del Ministerio Público, y que el Legislativo también ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como garantía de no repetición.

Además, la entidad insta a las Comisiones de Postulación a que garanticen la honorabilidad y excelencia profesional de los candidatos seleccionados, con base en la aplicación de principios de objetividad, transparencia y rendición de cuentas, y asegurando la inclusión de pueblos indígenas y de mujeres.

PUEBLOS INDÍGENAS

En materia de Pueblos Indígenas, señala que el deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas fue reafirmado en dos  sentencias de la Corte de Constitucionalidad a nivel de principio; sin embargo, la máxima instancia constitucional no anuló medidas  administrativas y legislativas que habían sido adoptadas sin consultar previamente con los  pueblos indígenas.
 
En ese sentido, la Alta Comisionada insta al Estado, a revisar el marco legislativo e institucional relativo a los proyectos de explotación de los recursos naturales, en consulta con los pueblos indígenas, con miras a reforzar las garantías sociales y medioambientales.