En alusión a la sección de Cartas Del Lector del Diario La Hora, de fecha 28 de mayo de los corrientes, hacia el trabajo de fiscalización que por mandato Constitucional y según la Ley del Organismo Legislativo tienen los funcionarios electos al Congreso de la República; quisiera aclarar algunos de los puntos que el Vocero de Cohesión Social realizó de una manera impropia, imprudente y ofensiva, queriendo desvirtuar el trabajo de fiscalización que por años he realizado de manera objetiva, responsable y sobre todo con argumentos verídicos para transparentar los procesos de gasto que se erogan con los impuestos que las guatemaltecas y guatemaltecos pagamos. Por lo anterior hago referencia a:
1. Los programas Mi Familia Progresa, Comedores Solidarios, Escuelas Abiertas y Bolsas Solidarias en efecto cuentan con su estructura programática dentro del Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-. Los mismos se lograron a la insistencia ante el Contralor General que obligara al ejecutivo a crearles la estructura programática porque no se podía fiscalizar la ejecución de ingresos y egresos de estos programas.
2. Aunque muchos de estos comenzaron a ejecutarse en febrero 2008 la estructura programática se creó hasta el mes de noviembre del mismo año.
3. A pesar de contar con una estructura programática, el proceso de transparencia y fiscalización es incompleto, pues no basta un listado si no tengo datos que permitan verificar que las personas beneficiarias existen.
4. Además estas estructuras no reflejan el total de gastos, por ejemplo en Escuelas Abiertas, gran porcentaje de su presupuesto Q.33.6 millones lo transfieren a la ONG Comité Central de Acción Social -CCAS-, quien cobra 3% de comisión y que no es fiscalizable; esta cantidad no aparecen dentro del presupuesto ya que al mes de mayo tenía vigente solamente Q.9.9 millones.
5. Tal como lo indica el señor Rosales en su carta al lector, en el Diario La Hora del 27 de mayo del 2009, son distintos los gastos en información y publicidad, de igual manera el tema a discusión es el elevado gasto, me parece poco argumentativo indicar que «se trata de gastos para cubrir la divulgación a las familias beneficiarias de mi familia progresa, en las comunidades en donde el programa funciona», cuando ésta ha sido función de los COCODES y COMUDES, establecida en la Ley de Consejos de Desarrollo, sin embargo es cuestionable con más razón la cantidad gastada en «información» tal y como él dice.
6. Vemos la reiterada violación de leyes y órdenes constitucionales; ya que a pesar que la Corte de Constitucionalidad ordenó que todos los datos como dirección y número de cédula fueran entregados a los entes fiscalizadores (Contraloría General de Cuentas y Diputados al Congreso); nuevamente se negaron a entregarlos ahora justificándose en la Convención de la Niñez y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; lo cual es absurdo porque quienes reciben el beneficio (dinero en efectivo de las transferencias condicionadas y bolsas de víveres) son los padres de familia.
7. «Un programa más de Cohesión Social» ha sido el eslogan en los anuncios utilizados por el gobierno para informar sobre los programas que ejecuta, como lo indica el señor Rosales es un concepto que no se puede fiscalizar, debido a que es un concepto político y no técnico, en este sentido observamos con estas afirmaciones la utilización política de las obligaciones del gobierno, en beneficio de su imagen partidaria. Si bien el eje que aglutina el quehacer del gobierno es «Cohesión Social», y en nombre de éste se realizan transferencias presupuestarias y ejecutan programas, el que sea un «concepto político» no impide que sea susceptible de fiscalizar, a lo que me quiero referir es que todo programa, todo rubro presupuestario es un concepto propio que tiene una intencionalidad y una razón de ser.
8. Por último, y como lo hemos dicho, los programas son necesarios y justos, los cuales podrían ayudar a paliar la situación de pobreza, sin embargo nos oponemos al debilitamiento de la institucionalidad del Estado, misma que se ve reflejada en la falta de transparencia, prepotencia utilizada en el manejo de los programas y en la sustitución de funciones de los entes rectores como la educación (MINEDUC); salud (MSPAS) y seguridad alimentaría (MAGA o SESAN), por parte de secretarías.
Licenciada Nineth Montenegro
Diputada
Encuentro por Guatemala