Aciertos y debilidades en plan de seguridad de la GANA


Gabriel Aguilera Peralta

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

La Gran Alianza Nacional, Gana, dio a conocer sus planteamientos en materia de seguridad, como parte de su plan de gobierno, la denomina «seguridad total» y la entiende como una estrategia. En sentido estricto, el documento no contiene una estrategia, sino delinea los contenidos de una polí­tica y explica algunas lí­neas operativas.


La polí­tica se basa en dos ejes, el de prevención de la violencia y el delito y el de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. No se pueden diferenciar claramente los ejes, porque para realizar el uno se necesita el otro, pero en todo caso dejan claro las ideas centrales de la polí­tica: la acción preventiva y la de fortalecimiento del sistema.

Colocar como primer «eje» la prevención es una idea correcta, ya que responde a aproximaciones democráticas a los temas de seguridad. El fortalecimiento del sistema es, por su lado, una propuesta compartida prácticamente por todos los actores por su evidente necesidad. Después de enumerar los ejes, no se desarrollan más y el programa pasa a trabajar lo que llama «ámbitos» o sea el contenido de la polí­tica propuesta. Se mencionan los compromisos de los Acuerdos de Paz como pendientes y se ofrece su cumplimiento.

Estos ámbitos se dividen a su vez en general y especí­fico. El primero contiene propuestas para reformas normativas e institucionales y el segundo delinea algunas acciones operativas.

Reformas legales

El conjunto de reformas legales es el usual: se refiere a la agenda legislativa de seguridad, en buena medida originada en los compromisos de la paz y que tiene el valor de que varios de los instrumentos han tenido incidencia de la sociedad civil en su elaboración. Llama la atención que no se incluye la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, SNS, pieza absolutamente central, aunque se hace referencia a uno de sus componentes, el Consejo Nacional de Seguridad.

Entre el paquete se ofrece una reforma del artí­culo 23 constitucional, con el objeto de permitir «allanamientos sin limitación de hora». Este punto está claramente fuera de lugar, porque si se trata de reformar la Ley Fundamental, hay varios contenidos sobre seguridad a tomar en cuenta, no únicamente el mencionado. Pero el cometido de cambiar la Constitución no es fácil. En cuanto al artí­culo 23, es de los que requieren convocatoria a Constituyente para su modificación. Es una promesa que no se puede cumplir con facilidad. Ofrecen analizar otras reformas con la sociedad civil.

La otra parte se refiere a las reformas institucionales. Aquí­ es de preguntarse porqué se incluye al Ejército con una mención muy escueta. Cuando deberí­a ir en el apartado de Defensa, o si se quiere en el de seguridad de la nación en general, pero no en seguridad ciudadana. Además, las lí­neas que se incluyen, que hablan de profesionalización y modernización no dicen nada en especial.

SAE sufrirí­a metamorfosis

El apartado incluye a la SAE y a la DIGICI. Pero se les menciona sin tomar en cuenta la situación que derivarí­a si se aprueba la Ley del SNS . En ese caso la SAE sufrirí­a una metamorfosis, transformándose en la Secretarí­a de Inteligencia del Estado. Además de ello, la ley del SNS crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Por ello, en este punto lo que deberí­a ofrecerse es la creación de la institucionalidad necesaria para implementar al SNS.

Esta parte institucional pone énfasis en la Policí­a Nacional Civil, PNC; lo que es correcto dada la importancia de ese ente y lo crí­tico de su situación. Los apartados de «investigación criminal», «calidad en el servicio» y «gestión y administración policial» tienen contenidos interesantes, tales como lo referente al sistema educativo policial, pero no se incluyen menciones a la polí­tica de género o de inclusión étnica.

En cuanto a la calamitosa situación del sistema penitenciario, el contenido de la polí­tica es más bien escueto. Se mencionan reformas pero no se indica como se van a ejecutar, con excepción de la involucración de los detenidos en tareas productivas.

Por otro lado, es correcto que se presta atención a la Dirección General de Migración y a la coordinación interinstitucional del sistema de justicia.

Doblarí­an presupuesto del OJ

Sobre el Organismo Judicial, se hace una oferta un tanto atrevida, de doblar en el perí­odo presidencial el presupuesto de ese Organismo. Es poco probable que ello se pueda cumplir, dada la permanente limitación de recursos del Estado, a menos que Gana reactivara el pacto fiscal.

Al Viceministerio de Apoyo Comunitario correctamente se menciona el posible ví­nculo con los Consejos de Desarrollo. Pero dado que uno de los dos ejes centrales se refiere a la prevención, este Viceministerio deberí­a figurar en un lugar más prominente.

El llamado ámbito especí­fico es una enumeración de lí­neas de acción. Se reconoce que en esta parte aparecen varias menciones a seguridad comunitaria, o sea la participación de la ciudadaní­a en la gestión de seguridad preventiva, en su mayorí­a interesantes. Se mencionan también los patrullajes combinados con participación del Ejército. La mayorí­a de los partidos, ofrecen mantenerlos, aunque otorgándole carácter interino en tanto se fortalece la PNC.

Lo que queda pendiente

El documento deja sin abordar algunos de los problemas centrales de la seguridad. El principal, el tema del crimen organizado y su penetración en el aparato del Estado. Aparte de incluir a la CICIG en el paquete legislativo, no se sabe cuál es la idea estratégica para enfrentar a esta amenaza. Se puede inferir que la reforma de la PNC y el fortalecimiento del sistema judicial servirán para ese propósito, pero se esperarí­a una exposición detallada, un concepto estratégico para enfrentar al crimen organizado, que nos está llevando a la situación de Estado fallido. Falta también una explicación de cómo se van a alcanzar operativamente los objetivos señalados.

En suma la propuesta de Gana tiene aciertos y algunas debilidades. Como se puede comentar respecto a otros programas, la cuestión de la seguridad del paí­s no estriba en que los partidos no tengan, con diversa profundidad y profesionalismo, conocimiento del problema y que no ofrezcan formas de tratamiento, algunas más apegadas a los principios de la seguridad democrática y otros más alejados. Todos lo hacen. Pero dado que las carencias en el campo de la seguridad, tienen que ver con la debilidad general del Estado y para esta última no hay tratamiento si los gobiernos siguen aceptando los postulados neo liberales, los programas por sí­ solos no son garantí­a de que vamos a remontar la grave situación que vivimos.