Gabriel Aguilera Peralta
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
La Gran Alianza Nacional, Gana, dio a conocer sus planteamientos en materia de seguridad, como parte de su plan de gobierno, la denomina «seguridad total» y la entiende como una estrategia. En sentido estricto, el documento no contiene una estrategia, sino delinea los contenidos de una política y explica algunas líneas operativas.
La política se basa en dos ejes, el de prevención de la violencia y el delito y el de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. No se pueden diferenciar claramente los ejes, porque para realizar el uno se necesita el otro, pero en todo caso dejan claro las ideas centrales de la política: la acción preventiva y la de fortalecimiento del sistema.
Colocar como primer «eje» la prevención es una idea correcta, ya que responde a aproximaciones democráticas a los temas de seguridad. El fortalecimiento del sistema es, por su lado, una propuesta compartida prácticamente por todos los actores por su evidente necesidad. Después de enumerar los ejes, no se desarrollan más y el programa pasa a trabajar lo que llama «ámbitos» o sea el contenido de la política propuesta. Se mencionan los compromisos de los Acuerdos de Paz como pendientes y se ofrece su cumplimiento.
Estos ámbitos se dividen a su vez en general y específico. El primero contiene propuestas para reformas normativas e institucionales y el segundo delinea algunas acciones operativas.
Reformas legales
El conjunto de reformas legales es el usual: se refiere a la agenda legislativa de seguridad, en buena medida originada en los compromisos de la paz y que tiene el valor de que varios de los instrumentos han tenido incidencia de la sociedad civil en su elaboración. Llama la atención que no se incluye la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, SNS, pieza absolutamente central, aunque se hace referencia a uno de sus componentes, el Consejo Nacional de Seguridad.
Entre el paquete se ofrece una reforma del artículo 23 constitucional, con el objeto de permitir «allanamientos sin limitación de hora». Este punto está claramente fuera de lugar, porque si se trata de reformar la Ley Fundamental, hay varios contenidos sobre seguridad a tomar en cuenta, no únicamente el mencionado. Pero el cometido de cambiar la Constitución no es fácil. En cuanto al artículo 23, es de los que requieren convocatoria a Constituyente para su modificación. Es una promesa que no se puede cumplir con facilidad. Ofrecen analizar otras reformas con la sociedad civil.
La otra parte se refiere a las reformas institucionales. Aquí es de preguntarse porqué se incluye al Ejército con una mención muy escueta. Cuando debería ir en el apartado de Defensa, o si se quiere en el de seguridad de la nación en general, pero no en seguridad ciudadana. Además, las líneas que se incluyen, que hablan de profesionalización y modernización no dicen nada en especial.
SAE sufriría metamorfosis
El apartado incluye a la SAE y a la DIGICI. Pero se les menciona sin tomar en cuenta la situación que derivaría si se aprueba la Ley del SNS . En ese caso la SAE sufriría una metamorfosis, transformándose en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Además de ello, la ley del SNS crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Por ello, en este punto lo que debería ofrecerse es la creación de la institucionalidad necesaria para implementar al SNS.
Esta parte institucional pone énfasis en la Policía Nacional Civil, PNC; lo que es correcto dada la importancia de ese ente y lo crítico de su situación. Los apartados de «investigación criminal», «calidad en el servicio» y «gestión y administración policial» tienen contenidos interesantes, tales como lo referente al sistema educativo policial, pero no se incluyen menciones a la política de género o de inclusión étnica.
En cuanto a la calamitosa situación del sistema penitenciario, el contenido de la política es más bien escueto. Se mencionan reformas pero no se indica como se van a ejecutar, con excepción de la involucración de los detenidos en tareas productivas.
Por otro lado, es correcto que se presta atención a la Dirección General de Migración y a la coordinación interinstitucional del sistema de justicia.
Doblarían presupuesto del OJ
Sobre el Organismo Judicial, se hace una oferta un tanto atrevida, de doblar en el período presidencial el presupuesto de ese Organismo. Es poco probable que ello se pueda cumplir, dada la permanente limitación de recursos del Estado, a menos que Gana reactivara el pacto fiscal.
Al Viceministerio de Apoyo Comunitario correctamente se menciona el posible vínculo con los Consejos de Desarrollo. Pero dado que uno de los dos ejes centrales se refiere a la prevención, este Viceministerio debería figurar en un lugar más prominente.
El llamado ámbito específico es una enumeración de líneas de acción. Se reconoce que en esta parte aparecen varias menciones a seguridad comunitaria, o sea la participación de la ciudadanía en la gestión de seguridad preventiva, en su mayoría interesantes. Se mencionan también los patrullajes combinados con participación del Ejército. La mayoría de los partidos, ofrecen mantenerlos, aunque otorgándole carácter interino en tanto se fortalece la PNC.
Lo que queda pendiente
El documento deja sin abordar algunos de los problemas centrales de la seguridad. El principal, el tema del crimen organizado y su penetración en el aparato del Estado. Aparte de incluir a la CICIG en el paquete legislativo, no se sabe cuál es la idea estratégica para enfrentar a esta amenaza. Se puede inferir que la reforma de la PNC y el fortalecimiento del sistema judicial servirán para ese propósito, pero se esperaría una exposición detallada, un concepto estratégico para enfrentar al crimen organizado, que nos está llevando a la situación de Estado fallido. Falta también una explicación de cómo se van a alcanzar operativamente los objetivos señalados.
En suma la propuesta de Gana tiene aciertos y algunas debilidades. Como se puede comentar respecto a otros programas, la cuestión de la seguridad del país no estriba en que los partidos no tengan, con diversa profundidad y profesionalismo, conocimiento del problema y que no ofrezcan formas de tratamiento, algunas más apegadas a los principios de la seguridad democrática y otros más alejados. Todos lo hacen. Pero dado que las carencias en el campo de la seguridad, tienen que ver con la debilidad general del Estado y para esta última no hay tratamiento si los gobiernos siguen aceptando los postulados neo liberales, los programas por sí solos no son garantía de que vamos a remontar la grave situación que vivimos.