Opino que fue un gran acierto del presidente Otto Pérez Molina haber denunciado, el pasado 14 de enero, que los diputados son “mercantilistas”. Supongo que con ese adjetivo pretendió denotar que los actuales diputados no son legisladores afanados por decretar la mejor ley, sino malhechores empeñados en obtener de la diputación un ilícito beneficio económico.

El presidente Pérez Molina también pudo haber denunciado que los diputados han transformado el Organismo Legislativo en una mafia que reparte recursos del tesoro público entre los diputados mismos, y  también entre sus familiares, amigos, colegas partidarios y ficticios asesores. O pudo haber denunciado que han transformado el Palacio Legislativo en un antro de la más cenagosa política nacional, en el cual se corrompe la persecución penal pública, la asignación de los recursos fiscales, la auditoría financiera del Estado y la administración oficial de justicia. O pudo haber denunciado que han transformado el poder legislativo del Estado en una maldición popular.
    
     Invocar el “mercantilismo” de los diputados fue uno de los motivos por los cuales el presidente Pérez Molina no acudió al Palacio Legislativo para cumplir con la función de presentarle anualmente, al Congreso de la República, “informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior.” Es una función adjudicada por mandato constitucional, que no obliga al Presidente de la República a presentar personalmente el “informe escrito”.
    
     Algunos “analistas”, meros “opinionistas” que impúdicamente exhiben su vocacional torpeza “opinativa”, afirmaron que el presidente Pérez Molina alteró una “tradición”. ¡Como si su prudente ausencia hubiese provocado una espantosa interrupción del devenir histórico de nuestro país, o hubiese impedido celebrar alguna sacrosanta ceremonia política necesaria para preservar un esplendoroso reino constitucional, o hubiese evitado que los diputados tuvieran la oportunidad de pedir perdón por sus descomunales atentados contra la justicia, el derecho, la ley y el bien común! Absurdamente esos “opinionistas” le confirieron al Palacio Legislativo la repentina calidad de santuario nacional ingratamente profanado por el presidente Pérez Molina.
    
     Un primer diputado afirmó que la declaración presidencial sobre el “mercantilismo” de los diputados puede suscitar una “ruptura” entre el Organismo Legislativo y el Organismo Ejecutivo. ¿Sería necesario, entonces, que el presidente Pérez Molina se abstuviera de denunciar la conducta delictiva de los diputados, y hasta tuviera que elogiarlos, para preservar, entre ambos organismos, un idílico romance o un plácido vínculo?
    
     Un segundo diputado afirmó que el presidente Pérez Molina no tuvo el valor de “defender” ante los diputados su primer informe de gobierno.  ¿Hay, entonces, un precepto de la Constitución Política que le adjudique al Presidente de la República la función de tener valor para  “defender”, en el mismo Palacio Legislativo, su “informe escrito”, en el caso de que ese informe fuera objeto de un ataque diputacional?
    
     Y un tercer diputado afirmó que el presidente Pérez Molina debió acudir al Palacio Legislativo para presentar su informe, porque el Congreso de la República es “la fuente de expresión popular”. ¿El organismo  más corrupto, más inepto y más impopular del Estado sería, entonces, “fuente de la expresión popular”?
    
     Post scriptum. Me agregaré a cualquier acción legalmente permitida cuya finalidad sea expulsar a los actuales diputados.