Mis contados lectores recordarán que el sábado 14 me referí a minúsculos grupos de la sociedad civil, algunos integrados por dos o tres personas, que suelen pontificar en torno a cualquier asunto de carácter público; pero especialmente descalifican a personas que aspiran a figurar en listados de candidatos a cargos de relevancia, y que son escogidos por Comisiones de Postulación.
A propósito de este asunto debo enfatizar que de ninguna manera me opongo a que colegios de profesionales, centros académicos, círculos de investigación y otros entes similares que se caracterizan por su seriedad y autoridad científica intervengan frecuentemente en el debate público de problemas de diferente índole que afectan a la colectividad, especialmente en escenarios en los cuales funcionarios gubernamentales, diputados, jueces, fiscales y otras autoridades pretenden cometer arbitrariedades o ya las han ejecutado; pero estas organizaciones logran a menudo detener los abusos cometidos al amparo del poder político-económico.
Respecto a la integración de las Comisiones de Postulación para elegir candidatos a Fiscal General, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y de Salas de Apelaciones, además de los titulares de la Contraloría General de Cuentas y del Instituto de la Defensa Pública Penal, algunos abogados o economistas y auditores públicos, según el caso, de conocida honorabilidad se abstienen de participar porque temen que insignificantes microgrupos o personas individuales intenten o logren manchar sus reputaciones, como me escribieron dos amigos míos egresados de facultades de Derecho.
Me indican que profesionales universitarios nunca han sido objeto de ningún proceso judicial civil, penal o administrativo; pero que siempre surgen individuos resentidos por simples rencillas que escarban en la vida privada o pública de quienes aspiran o podrían aspirar a alguno de los cargos mencionados, hasta encontrar que hace 20 o 15 años uno de éstos fortuitamente atropelló a un imprudente peatón con el que se arreglaron conciliatoriamente, pero es suficiente para que si se presentan de candidatos “los tachen” por falta de idoneidad.
O pudiera ser que otro abogado o economista se haya divorciado por cualquier motivo y aunque ha cumplido con sus responsabilidades civiles también sea reprobado por algún minigrupo.
Son ejemplos hipotéticos que me comentaron, aunque suelen suceder en la realidad, y de ahí que hay profesionales universitarios muy honorables y preparados académicamente que quisieran servir al país, pero prefieren abstenerse de presentar sus candidaturas porque “no van a poner en riesgo su buen nombre” por alguna sencilla falta en que incurrieron en su juventud y de la cual ya ni se acuerdan.
Como colofón señalaron que es conveniente que las Comisiones de Postulación estén integradas, también, por personas de probada honorabilidad y permanezcan ajenas a denuncias sin fundamento planteadas por sujetos rencillosos, resentidos o rebosantes de envidia.
(El abogado Romualdo Tishudo y su mujer se encuentran con un colega que les pregunta –¿A dónde van? –A comprar unas casitas, carritos, vaquitas, ovejitas y patos, responden. -¿Se sacaron la lotería o qué?, inquiere -¡No., hombre –aclaran–, es que vamos a hacer nuestro nacimiento de Navidad!)