Una de las características que tendrá la decisión de someter el caso de Belice a una Corte Internacional de Justicia es que deberemos asumir el compromiso lógico de aceptar el veredicto que dicten y de esa cuenta nuestra reclamación quedará fuera del control del país porque más que los alegatos que podamos presentar, no tenemos más qué hacer o decir. Hay que decir que esa realidad política es consecuencia directa de la decisión que se tomó en tiempos de Serrano cuando se reconoció unilateralmente y sin condiciones la existencia de Belice como un Estado independiente y de la actitud de la población guatemalteca que se mostró indiferente ante la cuestión porque si revisamos la prensa de aquellos días, fuera de unos pocos que mantuvieron la denuncia contra el atropello constitucional cometido por Serrano, el resto de la población se tomó muy tranquila la decisión.
Visto que no es posible encontrar una solución negociada bajo los auspicios de un foro regional como la Organización de Estados Americanos, el Secretario General de esa entidad propuso que el diferendo sea llevado a la Corte Internacional de Justicia. Y en ese sentido lo que cabe esperar de las autoridades guatemaltecas es que sepan no sólo preparar el caso adecuadamente, sino que contraten a juristas que puedan formular los alegatos en forma correcta y además convincente. Porque se recordará que en tiempos de Portillo contrataron a un abogado que luego resultó que estaba en contra de la posición de Guatemala y fue él quien nos representó en las primeras fases de la negociación con Belice.
La Hora siempre mantuvo una política definida y categórica en el tema de Belice, pero desde los tiempos de Serrano dijimos que si no se lograba dejar sin efecto la acción del gobernante, en el futuro Guatemala estaría en una posición de tremenda desventaja y así es como están las cosas. A estas alturas es irreal el planteamiento de quienes creen que podemos llegar a una Corte Internacional a pedir que supriman la existencia de un Estado al que nosotros mismos hemos reconocido desde hace muchos años y con el que tenemos relaciones diplomáticas. Si esa fuera la base del alegato guatemalteco, seríamos algo así como el hazmerreír del mundo.
Pero si queremos decir que si hubo responsabilidad de Serrano en la pérdida de nuestra posición para reclamar Belice, también la hubo de la Corte de Constitucionalidad de la época, del Congreso, de los gobiernos posteriores y especialmente del de Ramiro de León Carpio que no dejó sin efecto la medida de Serrano y, por supuesto, de la sociedad que no hizo ninguna presión en defensa de los intereses del país. Hoy, lo que vemos, son puros polvos de aquellos lodos.